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O-000006/2024(B9-0013/2024)

Debatten :

PV24/04/2024-13
CRE24/04/2024-13

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Volledig verslag van de vergaderingen
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Woensdag 24 april 2024-Straatsburg

13. Het enquêterecht van het Europees Parlement (debat)
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President. – The next item is the debate on

– the oral question to the Commission on the European Ϸվ’s right of inquiry by Salvatore De Meo, Domènec Ruiz Devesa, Rainer Wieland, Maite Pagazaurtundúa, Damian Boeselager, Helmut Scholz, on behalf of the Committee on Constitutional Affairs (O-000006/2024 - B9-0013/24) (, and

– the oral question to the Council on the European Ϸվ’s right of inquiry, by Salvatore De Meo, Domènec Ruiz Devesa, Rainer Wieland, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Scholz, Damian Boeselager, on behalf of the Committee on Constitutional Affairs Commission (O-000007/2024 - B9-0014/24) (.

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Domènec Ruiz Devesa, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. – Señor presidente Marc Angel, gracias a los presentes, también a los compañeros del equipo negociador de este informe en el Parlamento, particularmente a los que han mantenido una línea de coherencia, como Helmut Scholtz.

Nos vemos obligados a adoptar esta medida de plantear unas preguntas orales al Consejo y a la Comisión sobre este asunto porque el derecho de investigación del Parlamento, los poderes de investigación del Parlamento están regulados actualmente por una Decisión del año 1995. El Consejo no tiene mucha prisa por corregir esta situación.

En el Tratado de Lisboa se dice que hay que adoptar un nuevo Reglamento sobre la materia, que debe proponer el Parlamento y que luego debe obtener el consentimiento o la aprobación, tanto del Consejo como de la Comisión. El Parlamento hizo una propuesta en el año 2014 y estamos aquí diez años después. Todavía no hemos desarrollado una base legal que está en el Tratado de Lisboa. Por tanto, es una obligación.

Y lo que estamos viendo es que, de las tres instituciones, hay una que está trabajando para desarrollar y cumplir con esa obligación, con esa base legal, y hay dos que no lo están haciendo. Hay dos que no lo están haciendo. Y las dos tienen una responsabilidad grave en la cuestión.

Para empezar, la propia Comisión. Es verdad que la Comisión hasta ahora ha dicho «bueno, obtenga usted el apoyo del Consejo y luego yo ya diré lo que considere». Incluso se ha llegado a decir que la Comisión es un mediador imparcial, pero no es verdad. Señora McGuinness yo sé que usted está aquí sustituyendo al señor Šefčovič y dirá: «qué cosas más raras me dice este diputado». Pero es que es verdad. Ustedes no son un mediador imparcial porque ustedes pueden ser objeto de una investigación del Parlamento, de la misma manera que los Estados miembros. Por tanto, la Comisión es parte interesada, no es un mediador imparcial. Pero, al mismo tiempo, se da la circunstancia de que la Comisión es la guardiana de los Tratados y, por tanto, ustedes están obligados a ayudar a que esa base legal del Tratado se desarrolle, pero no se han tomado mucho interés y no han apoyado al Parlamento en esa tarea. Se han mantenido al margen a la espera de lo que hiciera el Consejo.

Pero el Consejo también tiene una parte muy importante de responsabilidad porque este Parlamento ha hecho —empezando con la propuesta del año 2014— ha hecho hasta tres propuestas. Y las tres no solo han sido rechazadas por el fondo, por parte del Consejo, sino indirectamente también por parte de la Comisión: porque la Comisión todavía está a tiempo de valorar positivamente la última propuesta del Parlamento —lo puede hacer hoy a lo mejor, salvo que la señora McGuinness venga con instrucciones muy estrictas—.

El Consejo ha rechazado la última propuesta que hemos hecho. Ya digo, la tercera, en enero, con una carta que no está motivada, desde el punto de vista jurídico no está motivada. El Consejo ha dicho reiteradamente que para abrir una negociación con el Parlamento tendríamos que aceptar once objeciones a la propuesta inicial, modificada posteriormente en el año 2018. El Parlamento le hizo una propuesta —que, por cierto, me costó mucho trabajo porque hay dos grupos importantes en esta Cámara que, según el día, adoptan una posición y la contraria o según con quién hable respecto del grupo—. Y me costó mucho trabajo que se aceptara en el Parlamento que unilateralmente, antes de abrir una negociación con ustedes, aceptáramos sus objeciones. De las once —tome nota, señora McGuinness—, de las once objeciones que tenía el Consejo, nosotros hemos aceptado nueve. Nueve. De once, nueve. Y quedaban dos que no hemos aceptado, porque, aceptarlas, incluso antes de abrir una negociación, supondría —en nuestra opinión— que estaríamos empeorando el acervo comunitario. Estaríamos en una situación peor que en el año 1995.

Por lo tanto, yo creo que la propuesta que les hemos hecho, señor ministro, es muy razonable. Una propuesta para negociar, ni siquiera para que acepten, sino para sentarse a negociar. Una propuesta que resuelve nueve de sus once objeciones. En fin, ¿qué más quiere que hagamos? Desde luego, no vamos a empeorar el actual marco legal del año 1995. Eso no lo podemos hacer de ninguna manera. Por tanto, yo les animo a que reconsideren su posición. La propia presidenta Metsola, por cierto, a la que agradezco su colaboración, planteó la cuestión en las últimas reuniones del Consejo Europeo. Igual alguno de ustedes se acuerda. Creo que no ha pasado nunca. Porque, claro, diez años después, la cosa empieza a ser realmente muy grave.

Yo les animo hoy a que adopten una posición constructiva, porque no la han tenido hasta ahora, señor ministro, no la han tenido. Cuando uno rechaza tres propuestas y ni siquiera las negocia —no digo ya que las acepte, ni siquiera las negocia— no está siendo constructivo, está violando la obligación de cooperación leal, señor ministro. Y también la Comisión. Si hemos resuelto nueve de las once objeciones... Termino, presidente, pero es que es muy importante esto. Si hemos aceptado nueve de las once objeciones del Consejo, yo creo que a la Comisión le debería valer, señora comisaria, le debería valer. No se entiende que ustedes tampoco quieran aceptar la propuesta del Parlamento ni que estén imitando al Consejo.

Yo les digo: yo no sé si estaré aquí la próxima legislatura, pero no veo otra solución —si ustedes siguen sin abrir negociaciones con el Parlamento respecto de la última propuesta— que llevarles a ambos al Tribunal de Justicia. Porque ya no hay una alternativa política. El Parlamento, en mi opinión, no va a hacer una nueva propuesta que empeore el acervo comunitario, es decir, que nos sitúe —antes incluso de abrir una negociación— en peor lugar que en el marco legal del año 1995.

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Mathieu Michel, président en exercice du Conseil. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, merci de me donner l’occasion d’aborder avec vous cette question importante qu’est le droit d’enquête du Parlement européen et de faire ensemble le bilan des derniers événements survenus dans ce dossier.

En préambule, je souhaite ici vous assurer que le Conseil reconnaît l’importance des commissions d’enquête parlementaire. Elles sont un instrument de responsabilité démocratique, qui doit permettre aux parlements nationaux ainsi qu’au Parlement européen d’exercer un contrôle politique au sein de notre Union, en conformité avec les valeurs de démocratie et d’état de droit. De ce point de vue, le Conseil est pleinement conscient de l’attachement du Parlement européen à cette question et à ce dossier en particulier, qui est à la fois complexe juridiquement et sensible politiquement.

De son côté, je ne doute pas que le Parlement soit conscient des inquiétudes politiques et juridiques sérieuses du Conseil sur un certain nombre de dispositions reprises dans les propositions du Parlement, y compris dans les dernières propositions informelles en date. Depuis le rapport initial adopté en 2012, qui constitue encore à ce jour la proposition officielle du Parlement, le Conseil a examiné une longue série de propositions, plus ou moins informelles, dans un esprit constructif et de coopération loyale. Comme cela a été exprimé à de nombreuses reprises par le Conseil, mais aussi par la Commission, la proposition initiale du Parlement européen, tout comme ses propositions successives, soulève de sérieuses préoccupations politiques et juridiques au regard de l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La dernière en date, reçue par le Conseil le 10 octobre 2023, a été dûment examinée par les États membres durant les mois de novembre et de décembre, sous la présidence espagnole. Il est ressorti de cet examen que la proposition informelle du Parlement, bien qu’elle comporte un certain nombre de pas dans la bonne direction, ne permettait pas de résoudre les nombreuses préoccupations soulevées par le Conseil depuis 2012. Celles-ci ont été clairement réitérées dans la lettre de réponse adressée à M. De Meo, président de la commission AFCO, le 18 janvier dernier.

Plus largement, il semble que ce dernier échange épistolaire vienne, comme les précédents, se heurter à une conception différente de nos institutions concernant l’interprétation de l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Celui-ci ne peut pas, de notre point de vue, donner aux commissions d’enquête du Parlement européen des pouvoirs quasiment judiciaires qui ne trouveraient, en vérité, pas d’équivalent dans un grand nombre d’États membres. Il semble pourtant que ce soit la vision défendue par le Parlement européen, dans un sillon tracé par sa proposition de 2012 qui, après plus de douze ans dans l’impasse, ne paraît pas permettre de réaliser des avancées concrètes sur ce sujet important pour notre démocratie européenne.

Je note en outre avec une certaine inquiétude les amendements que le Parlement a récemment apportés à son règlement intérieur en matière de droit d’enquête. Ceux-ci semblent reprendre plusieurs des éléments les plus controversés de sa proposition. Bien que le règlement intérieur soit évidemment un texte qui est propre au Parlement et ne lie pas les autres institutions, cet épisode ne contribue pas à sortir de l’impasse actuelle sur ce dossier.

Ainsi, en l’état, je ne peux donc que réitérer les réserves maintes fois exprimées, tout en affirmant la disponibilité du Conseil à examiner toutes les propositions émanant du Parlement à l’avenir, fût-ce un autre texte informel ou une nouvelle proposition en bonne et due forme, dans un plein esprit de coopération loyale et sincère. Je regrette évidemment que cette mandature n’ait pas été celle qui ait permis un accord et j’espère que de plus amples progrès seront possibles lors du prochain cycle institutionnel.

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Mairead McGuinness, Member of the Commission. – Mr President, colleagues, time is of the essence, so I will be quick. I am here on behalf of EVP Šefčovič, but I want to state on his behalf and, indeed, on behalf of the Commission, that we recognise absolutely the importance of the European Ϸվ’s right of inquiry.

I can speak of my own experience as an MEP, just how important that right of inquiry is. I chaired a committee of inquiry in 2006, on the collapse of the Equitable Life Assurance Society, and our work identified issues around weak financial regulation on which there was follow-up action.

But it is also worth noting that this right of inquiry must be exercised by Ϸվ within the limits of the powers in the Treaties, and in line with the procedures, conditions and objectives set out there.

In 2012, the Ϸվ adopted its proposal to revise the 1995 Decision that now governs the exercise of Ϸվ’s right of inquiry. Since then, regrettably, there has been little progress. The Commission has never objected to engaging in any interinstitutional dialogue. In fact, it is quite the opposite. As stated on several occasions during structured dialogues with AFCO and in previous debate on this topic in June 2021, the Commission has always been open to constructive trilateral discussions to address any remaining issues before giving its consent according to Article 226 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Just to recall, this is a special legislative procedure. While it is for Ϸվ to make the proposal, the procedure requires the consent of both Council and Commission. So therefore, in the spirit of sincere cooperation, any Ϸվ position or proposal, including non-papers, should be transmitted to both Commission and Council.

The Commission takes note of the updated non-paper received from Ϸվ, which aims to take, and I quote, ‘a considerable step towards the Council’s position, after which no further substantial concessions from the Ϸվ’s side could be possible’. The Commission acknowledges some progress in this updated non-paper; of note, deleting the provision allowing Ϸվ, in effect, to impose sanctions in the case of a failure to fully cooperate with a committee of inquiry.

But there are still outstanding issues which should be further discussed in interinstitutional negotiations. These include the conduct of investigations, hearings of members of EU institutions, hearings of EU officials and other staff, hearings of other individuals, and requests for documents.

In addition, the Commission regrets that Ϸվ recently decided unilaterally to introduce some amendments to its Rules of Procedure that relate to Ϸվ’s inquiry powers. Amendments like this risk interfering, or even being incompatible, with the procedure established by the Treaties on adopting detailed provisions on exercising the right of inquiry. As I explained, these provisions should be determined by the Ϸվ in a regulation after obtaining the consent of the Council and the Commission.

In any event, I do want to assure you that the Commission will cooperate, and continue to do so, with Ϸվ’s committees of inquiry, in full compliance with the Treaties and the 1995 Decision on Ϸվ’s right of inquiry.

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Ana Collado Jiménez, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, señor Michel, comisaria McGuinness, señorías, cuando yo llegué aquí hace unos meses, les expliqué a mis hijos que este Parlamento era el guardián de la democracia europea. Les expliqué que en democracia el poder lo tienen los ciudadanos, que se organizan a través de sus representantes —que somos todos nosotros—, y que hay unas reglas básicas para resolver los conflictos y también para gestionar lo de todos, lo común. A ellos no les puedo hablar de John Locke o de Montesquieu porque todavía son muy pequeños. Pero a los ciudadanos sí debemos hablarles como lo que son, como adultos, y explicarles que esas normas básicas están recogidas en los Tratados europeos, que consagran la separación de poderes.

Por eso, el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge la prerrogativa de este Parlamento para controlar al poder ejecutivo en las distintas formas que adopta en la Unión: la Comisión, el Consejo, el Banco Central Europeo u otras agencias. Y para eso tenemos distintas herramientas, entre otras las comisiones de investigación, que son una herramienta clave de control político que se usa con total naturalidad y normalidad en los Parlamentos nacionales de prácticamente todos los Estados miembros. Pero especialmente en este Parlamento, el Consejo lleva desde el año 2014 ignorando todos los intentos por conseguir una norma que sea directamente aplicable y totalmente vinculante.

Debo confesarles que mis expectativas durante la Presidencia española a propósito de cualquier cosa que tuviera que ver con separación de poderes o con control no eran muy elevadas. Pero lo que, desde luego, no me explico es cómo podemos estar en esta situación tras dos mandatos enteros, dos legislaturas enteras y más de catorce años desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa. ¿Cómo quieren que les expliquemos esto a los ciudadanos?

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Cyrus Engerer, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, nous célébrons aujourd’hui un triste 10ᵉ anniversaire: celui du refus du Conseil et de la Commission de réformer les droits d’enquête de ce Parlement. L’attitude de vos institutions est totalement inadmissible et irrespectueuse envers nous, mais aussi envers les citoyens européens qui nous ont directement élus. Je ne comprends pas ce qui est si innovant ou scandaleux. Ce droit d’enquête est pourtant totalement normal pour un Parlement dans ses fonctions de contrôle.

Que dira la Commission dans ses rapports sur l’état de droit si un gouvernement refuse un tel dialogue au niveau national? Est-ce la peur d’un nouveau scandale à la Santer? Le Conseil a-t-il peur que ce Parlement mette au jour des éléments problématiques? En effet, votre collaboration avec notre commission d’enquête sur les logiciels espions a été déplorable. Davantage de transparence et de contrôle institutionnel sont essentiels dans une démocratie.

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Maite Pagazaurtundúa, en nombre del Grupo Renew. –Señor presidente, señorías, hay un dicho popular en español para casos como el que nos trae aquí. En cuanto al derecho de investigación del Parlamento Europeo, ustedes, el Consejo: ni una mala palabra, ni una buena acción.

Lo que está en cuestión es la cooperación leal del Consejo con respecto a unas especialísimas atribuciones del Parlamento Europeo. La Comisión de Asuntos Constitucionales ha sido paciente y ha mostrado buena fe durante más de dos mandatos —doceaños. Y en los dos mandatos y pico —y en la parte que a mí me toca, diezaños—, nos han tomado el pelo y nos han entretenido hasta llegar al punto ciego del final de cada uno de los mandatos.

Es mi percepción personal, pero a mí me parece que a ustedes solo les interesa rebajar nuestras competencias investigadoras y, en algunas cosas, parece que quieren que seamos como un rebaño de corderos.

El Parlamento no puede tolerar violaciones de sus prerrogativas en materia de investigación. Ni tan siquiera se cumple plenamente el marco legal vigente desde1995. Y en lo demás, el rechazo a las tres propuestas sin negociar. Y hoy nos han dicho lo mismo.

El Parlamento debe actuar con una sola voz, y el nuevo Parlamento —esta vez sí— no puede dejar pasar otros cincoaños con buena fe. Si no hay un acercamiento por parte del Consejo, deberá activar el procedimiento para llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la violación del principio de cooperación mutua sincera entre instituciones. Es bueno que esto se sepa fuera de la ComisiónAFCO, es bueno que se sepa en toda esta Cámara.

Sin más, me despido de todos ustedes porque hoy es mi último día. Esto ha sido todo, amigos.

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Damian Boeselager, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, thank you colleagues for coming to this important debate about constitutional affairs. I’m very happy that you made this a priority in your busy days.

But I have to tell you, this is a priority. This is about our right, our right of inquiry. And about – many, many years now – we haven’t been given the right to summon people here. This is a crucial right of a parliament, to be able to ask people to come here, to ask company CEOs, but also ministers and national governments, to come here and to explain themselves.

We have cases amongst ourselves where we have team members taking bribes from Russia, where we hire, apparently, Chinese spies. All of these topics, we need to be able to follow up with a commission of inquiry. And this is what this is about. We are being denied a crucial right: the right of inquiry.

And so I think next mandate, we need to sue the Council for inactivity, for not providing this right of inquiry, for not working on our electoral law and for not opening the Treaties as they should under our treaty obligations.

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Gilles Lebreton, au nom du groupe ID. – Monsieur le Président, chers collègues, l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne donne au Parlement européen le pouvoir de créer des commissions d’enquête temporaires. Le Parlement européen voudrait qu’un règlement renforce ce droit d’enquête. J’y suis favorable, s’il s’agit de contraindre la Commission à répondre à ces questions, car j’observe que la Commission a parfois fait preuve d’arrogance en refusant de collaborer avec ces enquêtes, comme par exemple dans l’affaire du PfizerGate.

Je vous mets cependant en garde contre deux dérives auxquelles un tel renforcement exposerait l’Union. La première consisterait à dévoyer le droit d’enquête pour le transformer en moyen de pression politique sur le Conseil ou sur certains États membres, comme la Hongrie et la Pologne en ont déjà fait l’expérience. La seconde consisterait à l’utiliser pour diffamer des adversaires politiques, comme la commission d’enquête sur les ingérences étrangères, présidée par M. Glucksmann, l’a déjà fait à l’encontre du Rassemblement national, sans voir le Qatargate, qui impliquait des socialistes.

En conclusion, chers collègues, je comprends et partage les réticences du Conseil à vous accorder l’augmentation de pouvoirs que vous réclamez.

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Helmut Scholz, im Namen der Fraktion The Left. – Herr Präsident, Frau Kommissarin McGuinness, Herr Staatssekretär! Artikel14 Absatz1 des Vertrags über die Europäische Union ist sehr deutlich: Das Parlament erfüllt „Aufgaben der politischen Kontrolle“. Als der Vertrag von Lissabon in Kraft trat, war ich gerade ein paar Monate lang Abgeordneter hier im Europäischen Parlament. Seitdem haben wir versucht– vertraglich die Möglichkeit, und ich finde, auch das Recht und verdammt die gesetzgeberische Pflicht–, eine uneingeschränkt verbindliche und unmittelbar anzuwendende Verordnung zu erlassen. Diese soll die Interinstitutionelle Vereinbarung, die bisher das parlamentarische Untersuchungsrecht regelt, ersetzen und nicht weiter zusammenschrumpfen.

Seitdem haben wir viel daran gearbeitet und haben immer wieder versucht, den Rat in die Frage mit einzubeziehen, wie wir gemeinschaftlich einen wichtigen Pfeiler für die demokratische Ausgestaltung und notwendige transparente Arbeit der EU-Institutionen verankern können. 14 Jahre später, nach meinen ersten Arbeiten an diesem Thema, werde ich mit der kommenden Wahl aus dem Europäischen Parlament ausscheiden. Und noch immer hat der Rat – und leider auch die Kommission – es nicht geschafft, angemessen auf den Vorschlag des Parlaments zu reagieren. Das ist nicht akzeptabel, und nach all den Jahren ist es mehr als überfällig, dass das Parlament nach den Europawahlen zu seiner 10.Legislaturperiode ernsthaft und verbindlich alle politischen und rechtlichen Wege prüfen muss, um mit – oder juristisch gestützt auch ohne – den Rat die Umsetzung der Vertragsverpflichtungen hinsichtlich des vollen Untersuchungsrechts zu gelangen.

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Hannes Heide (S&D). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Mitglied im Pegasus-Untersuchungsausschuss habe ich in der heutigen Debatte ein Déjà-vu. Das Parlament hat eine Entschließung mit unbedingt notwendigen Maßnahmen zum Schutz unserer europäischen Bürgerinnen und Bürger, zur Sicherung und Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beschlossen. Wie haben Kommission und Rat reagiert? Sie haben gebetsmühlenartig festgestellt: Es sind keine neuen Rechtsakte erforderlich.

Parlamentarismus ist Fundament der Demokratie. Dazu gehört das Recht auf Kontrolle. Abgeordnete sind von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern gewählt, und ihr Mandat muss ihnen Zugang zu Dokumenten sicherstellen, auch wenn diese als Verschlusssache eingestuft werden. Grundlage für effektive Aufklärung ist es auch, Zeugen vorladen zu können, die unter Eid auszusagen haben.

Seit zehn Jahren drängen die Abgeordneten auf eine neue Verordnung über das Untersuchungsrecht des Europäischen Parlaments. Die aktuellen Befugnisse reichen schlichtweg nicht aus. Das wird in unserer Kontrollarbeit, zu der wir als Mandatare verpflichtet sind, immer wieder deutlich.

Wann handelt der Rat und wird endlich dem bindenden Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit der Organe gerecht? Und wann können wir als Abgeordnete unser Untersuchungsrecht auch wirklich handlungsfähig ausüben?

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Mairead McGuinness, Member of the Commission. – Mr President, as Shakespeare said, brevity is the soul of wit. Two comments I have to make in conclusion. The Commission is ready to engage in trilateral discussions to allow us to clarify all remaining points of concern before giving consent to any proposal.

And secondly, let us resume this important work under the next Ϸվ with a solutions-orientated approach. Agreement is possible. Your right of inquiry is important and let us work to achieve success in that matter.

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Mathieu Michel, President-in-Office of the Council. – Mr President, honourable Members, Commissioner, thank you for this frank and open exchange, which has certainly enabled us to clarify our respective positions.

Allow me once again to reaffirm the importance that Council attaches to the role of parliamentary committees of inquiry in our European democracy. An adequate level of control and political accountability is essential, and the current legal framework is a solid foundation.

Let me be very clear. The Council has always acted in full respect of the duty of sincere and loyal cooperation on this file. Over the last 12 years, it has duly and carefully examined each and every Ϸվ proposal, and has continuously acted in a constructive spirit with a view to achieving progress.

Ϸվ and Council are therefore not co-legislators here and they are not meant to enter trilogue negotiations. It is in fact up to Ϸվ to put forward a proposal that has reasonable chances to obtain consent from its counterparts. In this perspective, the European Ϸվ is well aware of the serious political and legal concerns which the Council and the Commission raised very early on.

I acknowledge the many proposals the European Ϸվ has made over the years, but those have unfortunately resulted insufficient to alleviate many of the concerns raised. As set out in our last letter, the latest Ϸվ proposal fails to address many of the serious political and legal concerns previously raised by the Council.

These relate in particular to incompatibilities, Article 5, conduct of investigation, Article 12, and despite investigations and fact finding missions, Article 13, hearing of officials and other servants of the Union, Articles 15 and 17, of members of Member States governments, Article 16, and of natural persons, Article 18, requests for documents, expert reports.

I will not go into more detail here, although I wish to further convey, as expressed by many Member States, that the prerogatives proposed by the European Ϸվ would go much beyond those of many EU national parliaments. In that sense, the powers which the European Ϸվ is willing to confer upon its committees of inquiry would go beyond the spirit and scope of Article 226 of the TFEU, which is a fundamental red line for the Council.

Our dialogue may continue and the Council stands ready to examine any further Ϸվ proposal. There is always room for improvement, and I hope that the next legislature will enable us to make progress on this issue. It is certainly in our common interests to guarantee all stakeholders a clear, up-to-date legal framework in keeping with the rule of law and the treaties.

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President. – The sitting is now suspended for a few seconds and it will resume with the votes.

(The sitting was suspended for a few moments)

VORSITZ: KATARINA BARLEY
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Laatst bijgewerkt op: 31 oktober 2024Juridische mededeling-Privacybeleid