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Informe - A9-0040/2022Informe
A9-0040/2022

INFORMEsobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022

3.3.2022-()

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Ponente: Helmut Geuking


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Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento:
A9-0040/2022
Textos presentados :
A9-0040/2022
Textos aprobados :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022

()

El Parlamento Europeo,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022 (),

Vista la propuesta de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo (),

Vista la Recomendación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro (),

Visto el informe de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, titulado «Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2022: Elaborado de conformidad con los artículos3 y 4 del Reglamento (UE) n.º1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos» (),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, titulada «Evaluación general de los proyectos de planes presupuestarios para 2022» (),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de julio de 2020, sobre una Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia (),

Visto el Reglamento (UE)2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia[1],

Vistas las previsiones económicas del otoño de 2021 de la Comisión Europea,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, relativa a la consecución del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025 (),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027: Adaptar la educación y la formación a la era digital» (),

Vista la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo relativa a las cuentas de aprendizaje individuales (),

Visto el Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, de 19 de mayo de 2020, relativo a la creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID‐19,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (),

Visto el documento oficioso[2] de Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos y Suecia, que contiene contribuciones para la declaración de la Cumbre Social de Oporto,

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2021, sobre políticas sociales y de empleo de la zona del euro en 2021[3],

Vista la Declaración de Astaná sobre atención primaria de salud (2018),

Visto el pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Consejo Europeo, el Parlamento y la Comisión en noviembre de 2017,

Visto el Plan de acción para la economía social, de 9 de diciembre de 2021,

Visto el artículo54 de su Reglamento interno,

Visto el Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9‑0040/2022),

A.Considerando que la coordinación de las políticas del Semestre Europeo y los Estados miembros deben respetar las normas aplicables y pertinentes de la Unión relativas a la solidez de las finanzas públicas; que el Semestre Europeo proporciona un marco común para la supervisión y la coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y de empleo en todos los Estados miembros de la Unión con el fin de garantizar la solidez y la sostenibilidad de las finanzas públicas, garantizar la estabilidad macroeconómica, apoyar las reformas estructurales e impulsar la inversión, también para la doble transición ecológica y digital; que el Semestre también ha tenido en cuenta la creación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que impulsará las reformas e inversiones de los Estados miembros en consonancia con las prioridades de la Unión establecidas en sus seis pilares, abordando al mismo tiempo los retos detectados en las próximas recomendaciones específicas por país; que tiene como objetivo que la coordinación de las políticas económicas pase gradualmente de hacer frente a la crisis de la COVID-19 a sentar las bases para una recuperación integradora y una mayor capacidad de recuperación[4]; que el Semestre Europeo, como parte del marco de gobernanza económica de la Unión, debe adaptarse a fin de tener en cuenta no solo los objetivos económicos y sociales, sino también los objetivos relacionados con las transiciones ecológica y digital, la consolidación de los sistemas sanitarios y el acceso y las oportunidades para la infancia y la juventud;

B.Considerando que es crucial velar por que el Semestre coordine y supervise los esfuerzos de los Estados miembros encaminados a cumplir los principios del pilar europeo de derechos sociales, en particular los objetivos principales de la Unión que garantizan que, para 2030, al menos el 78% de las personas de entre 20 y 64 años de edad deben tener empleo, que al menos el 60% de todos los adultos deben participar en formaciones cada año y que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe reducirse en al menos 15 millones, incluidos como mínimo 5 millones de niños; que el informe conjunto sobre el empleo de 2022 se centra en mayor medida en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, en consonancia con los compromisos contraídos en el Plan de Acción de marzo de 2021 y en la Declaración de Oporto del 8 de mayo de 2021 por los dirigentes de la Unión; que la aplicación del Semestre debe reforzar la evolución de la Unión hacia una transición ecológica, digital y justa y contribuir a lograr una convergencia social y económica al alza, abordando los retos demográficos, así como a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);

C.Considerando que la UE se basa en los valores fundamentales de los Tratados, como el respeto a la dignidad humana, la igualdad y los derechos humanos; que sus Estados miembros se han comprometido a defender estos valores y a aplicar el Acuerdo de París, los ODS de las Naciones Unidas y el pilar europeo de derechos sociales; que el profundo impacto económico y social de la actual pandemia de COVID-19, incluido el impacto particular en los niños y los jóvenes, los grupos vulnerables y los trabajadores, que se verán más afectados por la recesión económica tras la pandemia de COVID-19 y las transformaciones estructurales de las economías europeas vinculadas a la doble transición, demuestra la necesidad de abordar las cuestiones sociales a escala europea, así como la necesidad de una recuperación sostenible, digital y resiliente que cree empleo de calidad y crecimiento sostenible y consolide nuestra autonomía estratégica, respetando al mismo tiempo la diversidad de las legislaciones y prácticas nacionales; que el preámbulo del Tratado de la Unión Europea define como objetivos generales de la política económica «el refuerzo y la convergencia de sus economías» y «el progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible»;

D.Considerando que la economía experimentó una fuerte recesión en 2020 como resultado de la pandemia de COVID-19; que las regiones y economías europeas no se han visto afectadas de la misma manera ni en la misma medida; que la respuesta política, en particular los regímenes de conservación del empleo, mitigó las repercusiones de la fuerte caída del PIB de 2020; que el empleo y el número total de horas trabajadas casi han vuelto a los niveles anteriores a la crisis, pese a que el ritmo de recuperación es desigual entre los Estados miembros; que el impacto de la crisis supone un reto considerable, pero también una oportunidad para relanzar nuestras economías y sociedades y llevar adelante las transiciones ecológica y digital de forma más sostenible, resiliente e integradora; que esta transformación debe revertir las crecientes desigualdades, reforzar la cohesión social y garantizar que nadie se quede atrás; que, según las previsiones económicas europeas de otoño de 2021, se espera que el crecimiento sea del 5% en 2021, del 4,3% en 2022 y del 2,5% en 2023, superior a lo previsto anteriormente; que, sin embargo, la recuperación dependerá en gran medida de la evolución futura de la pandemia[5] y de las restricciones aplicadas a la actividad económica para contenerla; que desde el inicio de la recuperación, la escasez de mano de obra ha resurgido en la industria y los servicios; que la escasez de mano de obra en determinadas profesiones en algunos países o regiones de la Unión coexiste con un excedente de trabajadores cualificados en otros, lo que pone de manifiesto la importancia de la movilidad laboral y los flujos migratorios; que la escasez de mano de obra también se debe a tendencias estructurales (por ejemplo, el envejecimiento) y a otros factores anteriores a la pandemia;

E.Considerando que la atonía del mercado laboral comprende a los desempleados, a los subempleados (es decir, a los trabajadores a tiempo parcial que desearían trabajar más horas pero no encuentran empleos que se lo ofrezcan) y a los vinculados marginalmente al mercado laboral (trabajadores desempleados que, o bien están inmediatamente disponibles para empezar en un trabajo pero no lo han estado buscando, o bien han estado buscando un trabajo pero no estarían inmediatamente disponibles para empezar a trabajar); que, como consecuencia de las perturbaciones, la atonía del mercado laboral afectaba al 14,6% de la mano de obra en el segundo trimestre de 2020 en la Unión, frente al 13,1% en el segundo trimestre de 2019; que se trata de recursos laborales infrautilizados en la economía;

F.Considerando que la pandemia de COVID-19 supone una pesada carga para la población de la Unión, especialmente para los grupos más vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidad, los niños, los jóvenes y las personas de más edad, en lo que respecta a su vida diaria, su vida laboral y sus medios de vida en general[6]; que la crisis de la COVID-19 ha tenido repercusiones negativas en el mercado laboral europeo; que estos acontecimientos han provocado en algunos Estados miembros un aumento de la pobreza y las disparidades en el nivel de vida; que la pobreza de los ocupados ha aumentado del 8,5% en 2010 al 9% en 2019 en la EU-27; que los trabajadores con contratos temporales se enfrentan a un riesgo mucho mayor de caer en la pobreza laboral que los que tienen contratos indefinidos (16,2% frente al 5,9%), al igual que los trabajadores poco cualificados en comparación con los altamente cualificados (19% frente al 4,9%); que, además, los grupos vulnerables, como los trabajadores jóvenes, las familias monoparentales, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, los gitanos o los ciudadanos de terceros países tienen muchas más probabilidades de sufrir pobreza laboral; que muchas familias de trabajadores temporeros y transfronterizos se dividieron durante las medidas de confinamiento, inicialmente descoordinadas; que, como resultado de las medidas de confinamiento, los padres, principalmente las mujeres, a menudo han tenido que equilibrar sus responsabilidades con sus hijos y con sus familiares de edad avanzada o familiares con discapacidad; que la falta de equilibrio entre la vida profesional y la vida privada a menudo puede provocar estrés y problemas de salud mental;

G.Considerando que la tasa de desempleo juvenil en la Unión, si bien mostraba signos iniciales de recuperación a mediados de 2021, todavía se situaba en el 17,4% en el segundo trimestre de 2021, casi el triple de la tasa de desempleo de la población de 25 a 74 años; que el impacto de la crisis de la COVID-19 en el mercado laboral revirtió una tendencia de descenso en el número de personas que ni estudian ni trabajan ni reciben formación (ninis) que duraba seis años, en parte como resultado de la precaria posición de los jóvenes en el mercado laboral[7]; que la salud mental de los jóvenes ha empeorado de forma significativa durante la pandemia, duplicándose los problemas relacionados con la salud mental en varios Estados miembros en comparación con los niveles previos a la crisis; que el 64% de los jóvenes del grupo de edad de 18 a 34 años corrían el riesgo de padecer depresión en la primavera de 2021, en parte como consecuencia de su carencia de empleo y de perspectivas financieras y educativas a largo plazo;

H.Considerando que la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto devastador en los jóvenes, con la caída de las tasas de empleo y una considerable disminución de los ingresos personales; que la crisis anterior puso de manifiesto que si a los jóvenes no se les ofrecen períodos de prácticas y empleos de calidad (basados en acuerdos por escrito y en unas condiciones de trabajo dignas, incluido un salario digno, asesoramiento y orientación profesional y formación continuada) se correrá de nuevo un riesgo elevado de que se vean obligados a aceptar empleos precarios, a abandonar su país para encontrar trabajo o a matricularse reiteradamente en un centro educativo o de formación; que los períodos de prácticas no solo deben ser remunerados sino que también deben estar limitados en términos de duración y cantidad, de modo que los jóvenes no queden atrapados en una sucesión interminable de períodos de prácticas repetidos y no sean explotados como mano de obra barata o incluso gratuita, sin protección social ni derechos de pensión; que una de las principales prioridades de la Unión debería ser evitar otra «generación perdida» de jóvenes;

I.Considerando que la crisis de la vivienda se está produciendo tanto en países ricos como en los menos ricos, lo que da lugar a la exclusión social y a la segregación espacial; que el acceso a una vivienda digna y asequible es más difícil para los grupos vulnerables como los trabajadores pobres, las mujeres, los jóvenes y en particular las personas jóvenes desempleadas, los padres y madres solteros, las familias numerosas, las personas mayores, sobre todo las que viven solas, las personas LGBTI, los migrantes, los refugiados, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades físicas o psiquiátricas, y las personas de comunidades marginadas, incluida la población romaní;

J.Considerando que, según la base de datos macroeconómicos de la Comisión, AMECO[8], el número de países con una evolución negativa de los salarios reales aumentó de dos en 2019 a trece en 2020; que los niveles de los salarios reales siguen estando por debajo del nivel de la crisis de 2009 en muchos países de la Unión; que para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, los salarios reales tendrían que aumentar un 5% en 2022;

K.Considerando que, según la investigación de la OCDE[9], un tercio de la desigualdad salarial global puede explicarse por las diferencias en las prácticas de fijación de salarios entre las empresas, más que por las diferencias en las cualificaciones de los trabajadores; que las empresas con salarios altos pagan aproximadamente el doble que las de salarios bajos por trabajadores similares; que cuando los trabajadores no pueden trasladarse fácilmente de una empresa a otra (por ejemplo, debido a los costes de búsqueda de empleo y de traslado), los salarios no están determinados únicamente por las cualificaciones de los trabajadores, sino también por las prácticas de fijación de salarios de las empresas;

L.Considerando que las transiciones ecológica y digital darán lugar a una cierta reasignación del empleo entre tareas y sectores; que una reasignación de trabajadores entre sectores será más difícil por lo que respecta a las necesidades de cualificación que una reasignación entre empresas dentro de los sectores, y puede conllevar períodos de desempleo más largos;

M.Considerando que el teletrabajo puede a veces difuminar las actuales líneas entre la vida profesional y la vida privada, lo que implica una mayor intensidad de trabajo y otras dificultades; que las tecnologías digitales entrañan riesgos para la calidad del empleo; que las personas que trabajan regularmente desde casa tienen más del doble de probabilidades de trabajar más de las 48 horas semanales obligatorias; que casi el 30% de los teletrabajadores afirman trabajar en su tiempo libre todos los días o varias veces a la semana;

N.Considerando que el cambio climático ha exacerbado las desigualdades ya existentes y ha afectado de manera desproporcionada a los grupos y regiones pobres y más vulnerables; que los ciudadanos y los trabajadores de la Unión están sufriendo con mayor intensidad y frecuencia que en el pasado las consecuencias del cambio climático y de fenómenos meteorológicos extremos; que los objetivos de neutralidad climática de la Unión representan tanto retos para los trabajadores y las empresas como oportunidades para mejorar el bienestar de las personas y una necesidad absoluta para preservar el clima y construir un futuro mejor para las generaciones más jóvenes y futuras; que las políticas para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión influyen de forma diferente en las distintas regiones, presentando un mayor impacto en las que dependen en gran medida de los combustibles fósiles; que el rápido incremento de los precios de la energía en toda la Unión, debido a una serie de causas que no se limitan al impacto económico de la pandemia de COVID-19, afecta a la población más vulnerable de la Unión, especialmente a las personas y los hogares con los ingresos más bajos; que el reto de adaptar nuestras economías y sociedades debe abordarse de manera que se garantice una transición justa y equitativa; que la aparición de nuevos sectores conexos también ofrece oportunidades para las empresas y ha creado la necesidad de perfeccionamiento y reciclaje de los trabajadores en puestos de trabajo sostenibles y orientados al futuro; que este proceso, si se gestiona debidamente, debería proteger a las personas, las familias y las microempresas socialmente vulnerables; que la creación de puestos de trabajo de calidad, las ambiciosas medidas de transición justa, así como los programas eficientes de perfeccionamiento y reciclaje profesionales resultarán esenciales para garantizar una transición gradual e inclusiva para los trabajadores;

O.Considerando que los Estados miembros, con el respaldo de la Unión, han prestado un apoyo fiscal y una ayuda a la liquidez sin precedentes a sus economías para evitar despidos masivos, preservar los ingresos y proteger a las empresas en respuesta a la crisis de la COVID-19; que la activación de la «cláusula general de salvaguardia» en el marco de los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la adopción del plan NextGenerationEU y del MRR, la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus y la introducción del instrumento SURE, han sido fundamentales en este sentido; que esta respuesta política firme y coordinada pone de manifiesto la importancia de seguir coordinando estrechamente las políticas económicas, sociales y de empleo a través de diversos instrumentos políticos y de financiación; que la creciente necesidad de financiación e inversiones para reforzar la economía puede imponer dificultades presupuestarias a los Estados miembros;

P.Considerando que la tasa de crecimiento de la población de la Unión está descendiendo y que se espera que la población disminuya significativamente a largo plazo; que la magnitud del cambio demográfico varía según los Estados miembros y las regiones; que el cambio demográfico afecta a los sistemas sociales y al mercado laboral[10], en particular al sector de los cuidados, y requiere un enfoque global basado en una combinación de soluciones políticas en los ámbitos de las pensiones, la seguridad social, los servicios de atención infantil y de larga duración, la vivienda, las escuelas infantiles, los sistemas sanitarios, la inclusión social, la integración de las minorías y los migrantes, la conciliación de la vida profesional y la vida privada y la igualdad de género; que la crisis actual ha puesto de manifiesto una vez más la importancia y el papel infravalorado del sector asistencial en nuestras sociedades; que la población de la Unión en edad de trabajar ha disminuido en la última década, lo que también constituye un factor determinante de la creciente escasez de mano de obra; que la crisis de la COVID-19 ha demostrado que los trabajadores migrantes contribuyen de forma crucial al sustento de las economías europeas, a servicios esenciales y a cubrir la escasez de mano de obra; que es fundamental que se creen puestos de trabajo de calidad para los trabajadores de mediana y baja cualificación y para las mujeres y los jóvenes en particular;

Q.Considerando que la evolución digital sin precedentes y la creciente aplicación de la inteligencia artificial en todos los aspectos de la vida humana es una oportunidad para que la Unión se convierta en líder en el ámbito de la inteligencia artificial ética y centrada en el ser humano y para la creación de una economía más sólida y resiliente basada en el progreso digital; que la digitalización ha supuesto muchas ventajas para los empresarios y los trabajadores, pero también desventajas; que la aplicación de los sistemas de automatización, la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas conexas en la economía registra un aumento constante, lo que implica una transformación socioeconómica y digital; que la nueva economía digital debe beneficiar a los trabajadores y a la sociedad en general mediante la mejora de la calidad de vida y de las condiciones laborales, garantizando un buen equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, creando nuevas oportunidades de empleo y contribuyendo a la convergencia socioeconómica; que la inteligencia artificial bien regulada tiene el potencial de fomentar la prosperidad y facilitar la transición a una economía sostenible, sólida y más resiliente; que la inteligencia artificial ofrece potencialmente beneficios económicos y nuevas oportunidades para las empresas, al mismo tiempo que representa desafíos jurídicos y de empleo; que los trabajadores deben recibir la formación necesaria con el fin de adquirir las competencias requeridas para trabajar con la tecnología en evolución y adaptarse a la doble transición ecológica y digital;

R.Considerando que la crisis actual ha demostrado que los puestos de trabajo de todos los niveles de cualificación aportan valor a nuestras sociedades y economías y deben garantizar unos lugares de trabajo seguros y saludables y un empleo de calidad; que existe una fuerte demanda de trabajadores de oficios y profesiones específicos; que la educación y la formación, incluidas las políticas de formación permanente que prevén y reflejan las necesidades del mercado laboral, garantizan una mejor integración en el mercado laboral y son de vital importancia para los agentes económicos y el progreso de la carrera profesional de los trabajadores; que los programas de perfeccionamiento, reciclaje y formación profesionales deben estar a disposición de todos los trabajadores, incluidos los que tienen alguna discapacidad, y también deben estar adaptados a sus necesidades y capacidades;

S.Considerando que, en 2018, todavía se produjeron más de 3300 accidentes mortales y 3,1 millones de accidentes no mortales en la EU-27; que más de 200000 trabajadores mueren cada año de enfermedades relacionadas con el trabajo[11]; que estos datos no incluyen los accidentes ocurridos en el marco del trabajo no declarado, lo que implica que posiblemente las cifras reales superen a las estadísticas oficiales[12]; que, según Eurofound, en 2017 el 21% de los empleos en Europa eran «de gran exigencia» y el 20% eran de «mala calidad»[13] y exponían a los trabajadores a un mayor riesgo físico o mental; que el 14% de los trabajadores han estado expuestos a un nivel alto de riesgo psicosocial; que el 23% de los trabajadores europeos cree que su trabajo pone en riesgo su seguridad o su salud; que las enfermedades y las lesiones relacionadas con el trabajo cuestan a la Unión un 3,3% de su PIB[14]; que los trabajadores tienen derecho a disponer de un lugar y un entorno de trabajo sanos, seguros y accesibles que contribuyan a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y de las normas de salud y seguridad en el trabajo; que la insuficiencia de estrategias preventivas y de integración de los trabajadores de más edad, de los trabajadores con discapacidad y de los trabajadores dispuestos a reintegrarse en el mercado laboral después de largas enfermedades conlleva la pérdida de oportunidades para los trabajadores, las empresas y la sociedad en su conjunto;

Capítulo I

1.Observa que la sostenibilidad, la inclusión social y el bienestar de los ciudadanos europeos deben constituir el núcleo de la estrategia económica de la Unión, y que la presidenta de la Comisión se comprometió a ello; señala que la Unión necesita una reforma de la gobernanza económica que se centre en el desarrollo sostenible y el bienestar; destaca la necesidad de inversión pública social y ambiental en los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

2.Recuerda que, según los Tratados, la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, el pleno empleo, entornos y condiciones de trabajo saludables y seguros y el progreso social, un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente, la promoción del avance científico y tecnológico, la lucha contra la pobreza, las desigualdades, la exclusión social y la discriminación, y el fomento de la convergencia social al alza, la justicia y la protección sociales, la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad entre generaciones y la protección de los derechos del niño y las personas con discapacidad; insiste en que estos objetivos deben constituir las prioridades generales de la estrategia de crecimiento sostenible a largo plazo de la Unión, con arreglo a los ODS de las Naciones Unidas, el pilar europeo de derechos sociales y el Pacto Verde Europeo, y sustentar los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros; pide a la Comisión que garantice que la gobernanza económica europea se ajuste a estos objetivos y estrategias;

3.Insta a la Comisión a que extraiga lecciones de esta crisis y dedique esfuerzos a la aplicación de una gobernanza sostenible transformada en la Unión basada en la solidaridad, la integración y la justicia social, la distribución justa de la riqueza, la igualdad de género, los servicios públicos de calidad, incluido un sistema educativo público y universal de calidad, el empleo de calidad y el crecimiento sostenible; pide a la Comisión que, antes de tomar la decisión de desactivar la cláusula general de salvaguardia, considere no solo una evaluación global del estado de la economía basada en criterios cuantitativos, sino también una evaluación que refleje adecuadamente las desigualdades subyacentes, así como la situación de los Estados miembros en materia de empleo, social y sanitaria;

4.Subraya que es fundamental analizar los buenos resultados de la economía de la Unión desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos y los trabajadores, los mercados laborales inclusivos, y las normas laborales y medioambientales;

5.Hace hincapié en que un crecimiento económico sostenible ha de ser el objetivo de una transformación socioecológica inclusiva y sostenible de nuestras economías, evitando los desequilibrios sociales, económicos y medioambientales mediante la lucha contra la pobreza, la reducción de las desigualdades y la creación de empleos dignos con condiciones de trabajo y salarios satisfactorios; observa que, si nuestras economías son competitivas, se hallarán en disposición de obtener las capacidades adecuadas para el futuro, incluida la de estar a la altura de las exigencias de un mercado laboral moderno; destaca que una parte considerable de los ingresos generados por el crecimiento económico y los subsiguientes ingresos fiscales debe destinarse a financiar los servicios públicos, incluidos los sistemas públicos de salud y educación; señala la necesidad de un fuerte apoyo a los servicios públicos, así como a los sistemas sanitarios y educativos, en particular al objeto de fomentar la creación de puestos de trabajo de calidad, una recuperación inclusiva y la anticipación a futuras crisis; pide una revisión de la actual gobernanza económica europea y, en particular, de las normas presupuestarias de la Unión; hace hincapié en que un crecimiento económico sostenible e inclusivo resulta necesario para que haya progreso, innovación, puestos de trabajo dignos y la determinación de la propia vida por parte de cada ciudadano; subraya que con unos ingresos dignos se garantiza un nivel de vida digno y se brinda protección social a las familias;

6.Expresa su preocupación por que algunos Estados miembros se hallaran endeudados con anterioridad a la pandemia de COVID‑19; celebra la respuesta europea histórica y sin precedentes en forma del instrumento Next Generation EU y del MRR en cuanto instrumentos para mitigar las repercusiones económicas y sociales de la pandemia en los Estados miembros;

7.Destaca que ha de reforzarse la rendición de cuentas democrática en el actual proceso de evaluación del Semestre; pide a la Comisión y a los Estados miembros que reformen el marco jurídico financiero y el proceso del Semestre Europeo para garantizar que el nuevo marco de gobernanza económica refuerce la rendición de cuentas democrática y la participación del Parlamento, fortalezca el papel y la participación de los interlocutores sociales nacionales y de la Unión y garantice un enfoque basado en el rendimiento y orientado a los resultados en lo que a los objetivos de las políticas respecta;

8.Hace hincapié en que el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales contiene tresobjetivos principales y que el último se refiere a la pobreza y en él se aspira a reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en al menos quincemillones, de las cuales como mínimo cincomillones deben ser niños, con respecto a 2019; lamenta no obstante que la Comisión no haya presentado aún un programa claro y detallado para alcanzar este objetivo mediante recursos financieros e instrumentos eficaces; pide a la Comisión que presente sin demora una estrategia de lucha contra la pobreza con el compromiso de eliminar la pobreza en Europa para 2050; estima que dicha estrategia ha de incluir, entre otros elementos, el progreso social en cuanto prioridad de inversión, lo que comporta que Next Generation EU, el MFP y el presupuesto de la Unión deben destinar inversiones a los objetivos sociales, en particular al progreso social, con aspiraciones del mismo nivel que en el caso de las inversiones en los ámbitos ecológico y digital, y que la reducción de la pobreza y las desigualdades debe tenerse asimismo en cuenta de manera transversal en todo el gasto;

9.Considera que los elementos de flexibilidad actualmente presentes en la ejecución de las normas presupuestarias deben aplicarse con mayor laxitud en la práctica, de modo que la reducción de la deuda no vaya en menoscabo de otros objetivos importantes, como el pleno empleo, los servicios públicos de calidad y la protección del clima; considera en este sentido que el MRR debe tener carácter permanente al objeto de garantizar tanto que se pueda disponer de nuevo de un instrumento de estas características en caso de otras crisis de gravedad parecida como que se pueda acceder a él más rápidamente;

10.Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de crear un Fondo Social para el Clima que ofrezca respuesta a las consecuencias sociales de la transformación de nuestras sociedades para que pasen a ser climáticamente neutras; está convencido de que las repercusiones sociales de las políticas ecológicas deben abordarse de una manera más amplia y hace hincapié en el carácter de urgencia que reviste adoptar instrumentos que permitan a todas las partes de la sociedad disfrutar de las ventajas de una sociedad climáticamente neutra y que protejan a las personas y los hogares, en particular a los más vulnerables, tanto de los efectos del cambio climático como de la contaminación y eviten las consecuencias sociales negativas que pudieran derivarse de la ejecución de las acciones climáticas del Pacto Verde Europeo;

11.Aboga por que el proceso del Semestre cobre un carácter más democrático; cree firmemente que la reforma de la gobernanza económica ha de ir acompañada de un fortalecimiento de la dimensión social; estima que las políticas de igualdad de género deben ser parte inseparable de todas las fases de la gobernanza económica y estar integradas en estas;

12.Considera que las referencias a la brecha de género en las pensiones deben incluirse en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible (EPAC), como ya ha sucedido previamente en otros EPAC;

13.Pide a la Comisión que, en el marco del proceso del Semestre, reflexione sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las estrategias nacionales existentes en materia de discapacidad; anima a los Estados miembros y a la Comisión a que valoren si las medidas de protección social y de discapacidad, incluidas asimismo las prestaciones de protección de los ingresos, atienden de manera satisfactoria el problema de la pobreza;

14.Hace hincapié en la necesidad de reducir las cargas burocráticas y el papeleo para apoyar y estimular el crecimiento económico y la competitividad y destaca en este sentido el Programa de Mejora de la Legislación de la Comisión; pide a la Comisión que, en el marco de las recomendaciones específicas por país, recomiende reformas tendentes a reducir la burocracia y facilitar el acceso a la financiación al abanico más amplio posible de beneficiarios, incluidos empresas y pymes, ONG, empresas de la economía social, municipios y ciudadanos; subraya que las pymes en particular se ven perjudicadas por las excesivas cargas administrativas;

15.Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, de 9 de diciembre de 2021, titulada «Construir una economía que funcione para las personas: un plan de acción para la economía social»; pide a la Comisión que presente medidas de calado para el establecimiento y desarrollo de cooperativas y empresas de la economía social, las cuales por su propia naturaleza hacen más hincapié en el establecimiento de condiciones de trabajo justas y en el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores y los ciudadanos;

16.Destaca que la crisis de la COVID‑19 ya ha dejado a muchos jóvenes sin trabajo o con un empleo precario; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que luchen contra el desempleo juvenil y velen por que los jóvenes disfruten de una primera experiencia laboral satisfactoria y de calidad; pide a la Comisión que garantice el acceso de los jóvenes a períodos de prácticas y aprendizaje profesional remunerados de calidad y condena la existencia de las prácticas no remuneradas como una forma de explotación de los jóvenes trabajadores y una violación de sus derechos; solicita a la Comisión que presente un marco jurídico para unos verdaderos períodos de prácticas y aprendizaje profesional;

17.Pide a la Comisión que revise los instrumentos europeos vigentes, como el Marco de Calidad para los Períodos de Prácticas y el Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, e implante criterios de calidad para las ofertas hechas a los jóvenes, incluido el principio de remuneración justa de aprendices y becarios, el acceso a protección social, el empleo sostenible y los derechos sociales;

18.Destaca que los desajustes de capacidades y la lentitud en la reasignación pueden provocar importantes perturbaciones en el proceso de vinculación de los puestos de trabajo vacantes con las personas desempleadas y redundar en un mayor desempleo estructural; señala que las políticas deben ofrecer apoyo a los trabajadores en su búsqueda de puestos de trabajo que requieran cualificaciones diferentes a las de sus anteriores empleos;

19.Subraya que la mejora de las condiciones de trabajo y empleo de los grupos más afectados por la pandemia ayudaría a prevenir el «efecto cicatriz» del desempleo y la inactividad, así como el aumento de las desigualdades; considera que la combinación de una elevada cobertura de la negociación colectiva con altos porcentajes de sindicalización, las políticas activas del mercado de trabajo bien financiadas y las prestaciones sociales constituyen instrumentos esenciales para combatir la pobreza de los ocupados;

20.Opina que las normas de transparencia retributiva constituyen un importante instrumento para la concienciación sobre la discriminación salarial contra las mujeres que puede establecer el derecho a la información sobre los niveles salariales por género, exigir a las empresas que comuniquen información sobre el empleo y la remuneración por género e incentivarlas a llevar a cabo auditorías salariales por género; subraya que las medidas de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor revisten especial importancia en determinados países con grandes diferencias salariales de base entre hombres y mujeres en las primeras etapas de la carrera profesional;

Una economía que proteja la salud y la seguridad de los trabajadores y que garantice unas buenas condiciones de trabajo

21.Acoge con satisfacción el marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021‑2027 de la Comisión, en particular la introducción del planteamiento «visión cero» para los accidentes y las enfermedades por causas laborales; lamenta no obstante que el nivel de las aspiraciones de esta estrategia no se corresponda con el objetivo de «visión cero» y pide a la Comisión que presente propuestas que se adecúen a tales aspiraciones; pide que se trace una hoja de ruta para la reducción de los accidentes y las muertes en el trabajo, con una financiación suficiente para que los Estados miembros y las empresas completen la transición hacia el objetivo de «cero muertes»; resalta que «visión cero» no debe derivar en una infradeclaración de accidentes y enfermedades laborales; solicita a la Comisión que incluya todas las lesiones y accidentes y el desgaste físico y mental en el enfoque «visión cero»; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten significativamente la atención prestada a las estrategias de prevención, como el refuerzo de las inspecciones del trabajo, los servicios nacionales de salud y seguridad y el diálogo de los interlocutores sociales, al objeto de lograr que todos los trabajadores, independientemente del tipo o el tamaño de la empresa, tengan derecho al nivel más elevado posible de protección de la salud y la seguridad;

22.Considera necesario que haya, de manera decidida, colaboración con los interlocutores sociales y medidas legislativas en varios aspectos de la política de la Unión en materia de salud y seguridad en el trabajo al objeto de completar las distintas medidas no coercitivas previstas para que «visión cero» sea una realidad; pide que se preste claramente atención a la participación de los trabajadores y al refuerzo de la consulta a los interlocutores sociales;

23.Destaca la aparición de nuevos riesgos en materia de salud y seguridad en el trabajo debido a la aceleración del cambio climático y su posible efecto sobre los trabajadores, así como como consecuencia de avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y la digitalización, que podrían dar lugar a condiciones de trabajo peligrosas; llama la atención sobre su Resolución, de 20 de octubre de 2021, con recomendaciones a la Comisión sobre la protección de los trabajadores contra el amianto[15], y acoge con satisfacción los progresos realizados en el proceso de la cuarta revisión de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos; pide a la Comisión que adopte medidas legislativas y no legislativas adecuadas y proporcionadas para contener estos riesgos emergentes;

24.Acoge con satisfacción y hace hincapié en el papel esencial del marco estratégico de la UE de la salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 al garantizar lugares de trabajo saludables y seguros, en particular anticipando y gestionando el cambio en el contexto de la transformación ecológica, digital y demográfica; subraya la importancia de mejorar la prevención de los accidentes y enfermedades laborales, eliminar los fallecimientos relacionados con el trabajo y aumentar la preparación para responder a las crisis sanitarias actuales y futuras con el fin de mantener la salud y la seguridad de los trabajadores, garantizando así la productividad y la competitividad; hace hincapié en la necesidad de centrar las estrategias en abordar los retos que plantea la creciente proporción de trabajadores de edad avanzada y de trabajadores con discapacidades o enfermedades crónicas; reitera que el estrés, la ansiedad o la depresión pertenecen al segundo grupo más importante de problemas de salud declarados relacionados con el trabajo, que pueden aumentar significativamente el riesgo de otros problemas de salud, como las enfermedades autoinmunes o los trastornos musculoesqueléticos y las enfermedades inflamatorias reumáticas o crónicas;

25.Pide a la Comisión que proponga una nueva directiva sobre salud mental, para evitar la proliferación de riesgos psicosociales en el trabajo y garantizar el bienestar de los trabajadores; considera que una regulación vinculante resulta clave para prevenir eficazmente trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, el síndrome de agotamiento profesional y el estrés postraumático, así como para su reconocimiento como enfermedades profesionales; considera que deben abordarse los requisitos mínimos para el trabajo a distancia en el marco de esta directiva al objeto de garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la desconexión; considera que esta directiva también debe regular el uso de las herramientas digitales existentes y nuevas con fines laborales, y aclarar las condiciones laborales de los teletrabajadores, que deben ser equivalentes a las de trabajadores similares;

26.Observa que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto problemas estructurales preexistentes del sector social, en particular en los cuidados de larga duración, que incluyen cuestiones como la escasez de personal, las malas condiciones de trabajo, los bajos salarios y la escasa adopción de soluciones digitales;

Capítulo III

27.Considera que el aumento del poder adquisitivo y de los salarios es un elemento importante de la recuperación económica, que estimula la demanda agregada interna y garantiza el bienestar de los ciudadanos; observa el riesgo de que los aumentos salariales en el próximo año crezcan en términos generales por debajo de la tasa de inflación, lo que reducirá el poder adquisitivo de los trabajadores; advierte de que el poder adquisitivo de los salarios podría estancarse o incluso disminuir si los precios de la energía, la vivienda y los alimentos siguen aumentando; considera que los hogares de bajos ingresos deben protegerse de los efectos negativos del aumento de los precios de los servicios, los bienes y los alimentos básicos; subraya que esto debe combinarse con medidas destinadas a aumentar la proporción de hogares de renta media; considera que la negociación colectiva y las tasas de sindicación pueden reequilibrar el poder entre distintos grupos de la sociedad; subraya la importancia de abordar la pobreza de los ocupados, la pobreza energética y el desempleo de larga duración; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una directiva sobre salarios adecuados en la Unión para contribuir a la eliminación de la pobreza de los ocupados y a promover la negociación colectiva;

28.Expresa su preocupación por que, a pesar de los recientes aumentos del salario mínimo en numerosos Estados miembros, los salarios mínimos legales siguen siendo a menudo bajos en comparación con otros salarios de la economía, y muchos están muy por debajo del 60% de la mediana salarial del país;

29.Observa que el 22,4% de la población de la Unión corre riesgo de pobreza o exclusión social, de los cuales el 24,9% son niños, el 23,3% son mujeres y el 18,2% son mayores de 65 años, así como que el riesgo de pobreza en el caso de las personas con discapacidad se eleva al 34,6%; manifiesta su gran preocupación por que la tasa de desempleo juvenil en la Unión supera el 15%; subraya que la pandemia de COVID-19 hace que la aplicación de la Garantía Infantil Europea, la Garantía Juvenil reforzada y la Estrategia de la Unión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sea más importante que nunca; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la lucha contra la pobreza, en particular entre los niños, las mujeres y las personas mayores, la pobreza de los ocupados y la situación de carencia de hogar como formas extremas de pobreza y de exclusión social;

30.Pide a los Estados miembros que velen por que haya suficientes viviendas sociales adecuadas y asequibles para cubrir las necesidades de vivienda de la población y que reduzcan la tasa de sobrecoste de la vivienda; pide, en este sentido, una reforma del marco de gobernanza económica que permita que los Estados miembros realicen las inversiones públicas sociales y ecológicas requeridas, incluidas las relacionadas con el desarrollo y la mejora de viviendas sociales, públicas, asequibles y eficientes desde el punto de vista energético; subraya que la carencia de hogar es una de las formas más extremas de exclusión social; acoge favorablemente la puesta en marcha de la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo, así como su objetivo último de poner fin a este tipo de situaciones de aquí a 2030; pide a los Estados miembros que adopten estrategias nacionales ambiciosas, dotadas de fondos nacionales y de la UE suficientes, basadas en el principio de «la vivienda en primer lugar», para prevenir el sinhogarismo y brindar acceso a una vivienda adecuada, segura y asequible;

31.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos a través de planes nacionales de vivienda asequible incluidos en los programas nacionales de reforma;

32.Acoge con satisfacción la atención prestada a las personas sin hogar LGBTIQ, en particular a los jóvenes LGBTIQ, en la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ; pide a la Comisión que aborde el problema de las personas LGBTIQ sin hogar junto con los Estados miembros;

33.Considera que unos servicios sociales de calidad, adecuados, accesibles y asequibles constituyen un requisito previo para la recuperación de la pandemia de COVID-19 y la aplicación con éxito del pilar europeo de derechos sociales, en particular para reducir la pobreza y la exclusión social en todas sus formas;

34.Señala que el objetivo principal de reducción del número de personas en situación de pobreza en 15 millones no se alcanzará si no se atiende a los más vulnerables; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen formas específicas para prestar apoyo a los desempleados de larga duración y a las personas sin hogar, así como a las personas que se enfrentan a múltiples obstáculos y tipos de discriminación;

35.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el acceso universal a la educación pública gratuita en la Unión a los niños hasta los tres años de edad, lo que contribuiría a la igualdad de oportunidades para la próxima generación, así como al incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral; insiste en la importancia de la transposición de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional a fin de proporcionar un acceso equitativo a los permisos por parte de hombres y mujeres y un uso equilibrado de los mismos, lo que permitirá a los progenitores con hijos o a los trabajadores con familiares a su cargo conciliar mejor las responsabilidades asistenciales y profesionales;

36.Observa que las familias y los grupos vulnerables han sido las principales víctimas de la pandemia de COVID-19; subraya que erradicar la pobreza infantil y garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades para los niños debe figurar entre las máximas prioridades de Europa; pide a la Comisión que trabaje en pro de la aplicación urgente de la Garantía Infantil Europea, que vele por que se prevea un presupuesto específico de 20000 millones EUR, y que cumpla esta tarea en el período 2021-2027 con el fin de combatir la pobreza que afecta a todos los niños y sus familias, sin restricciones; subraya que todo ello debe ir incorporarse a la próxima propuesta de Recomendación del Consejo sobre renta mínima para contribuir al objetivo de reducir la pobreza; destaca que el objetivo de la Garantía Infantil Europea es apoyar las políticas nacionales de prevención y lucha contra la exclusión social garantizando el acceso de todos los niños necesitados a servicios esenciales, incluidos los niños nacionales de terceros países, independientemente de su estatus migratorio; considera que la Garantía Infantil debe ampliarse para complementar los regímenes nacionales de prestación por hijos; pide a los Estados miembros que utilicen los recursos disponibles, entre otros, los previstos por el MRR y el Fondo Social Europeo (FSE+) para velar por que la Garantía Infantil evite y combata la exclusión social y la pobreza de los niños necesitados y fomente la igualdad de oportunidades; pide, asimismo, a la Comisión que supervise atentamente los avances en este ámbito;

37.Recuerda que los jóvenes han sido los más afectados por la pandemia, ya que están sobrerrepresentados en algunos de los sectores más perjudicados por las restricciones de la pandemia y son más propensos a trabajar con contratos temporales o a tiempo parcial, tienen más probabilidades de sufrir inseguridad en la vivienda en comparación con otros grupos y sufren un impacto desproporcionado en su satisfacción con la vida y bienestar mental, con casi dos tercios de los jóvenes en riesgo de depresión[16]; pide que se refuerce el instrumento de Garantía Juvenil y se actualicen los regímenes nacionales para reducir el desempleo de larga duración y el desempleo juvenil en al menos un 50% de aquí a 2030, incluyendo también criterios para la creación de empleo de calidad, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas; considera que ha llegado el momento de hacer que la Garantía Juvenil sea vinculante para todos los Estados miembros e integradora, también con medidas de extensión activas dirigidas a los ninis de larga duración y a los jóvenes procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, como los jóvenes con discapacidad y los jóvenes de etnia romaní;

38.Destaca que es necesario que los Estados miembros sigan invirtiendo suficientes recursos del FSE+ en medidas que apoyen acciones específicas y reformas estructurales para el empleo juvenil de calidad, la educación y la formación profesionales, en particular para el aprendizaje profesional y las competencias empresariales; subraya, asimismo, que los Estados miembros deben incluir reformas e inversiones dirigidos a la próxima generación, los niños y los jóvenes, en consonancia con los objetivos de la Garantía Infantil y la Garantía Juvenil, para poder acceder a la financiación del MRR; pide a la Comisión que supervise estrechamente la inversión de los Estados miembros en este ámbito a través del ciclo del Semestre y de los programas nacionales de reforma en el marco del MRR;

39.Pide a la Unión y a los Estados miembros que aborden los problemas estructurales provocados por la pobreza infantil y la exclusión social mediante la promoción de un elevado nivel de empleo e integración social, incluidos los grupos desfavorecidos; Subraya la necesidad de garantizar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad social en las relaciones laborales; destaca que se trata de un pilar importante para una economía sostenible y próspera y una democracia sólida;

40.Destaca que todos los niños tienen derecho a los derechos humanos y a un entorno seguro como condiciones esenciales para evitar el abandono escolar prematuro, proteger su salud mental y participar plenamente en la sociedad y en el mercado laboral; lamenta que, a este respecto, los niños LGBTI sean a menudo víctimas de acoso y violencia en las escuelas, y que esto tenga un grave efecto en su bienestar; cree que las políticas contra el acoso, así como el acceso de los niños a la información relativa a la orientación sexual y la identidad de género, deben ser parte integrante de los sistemas educativos;

41.Subraya la necesidad de las recomendaciones específicas por país en el Semestre Europeo para invertir en un subsidio por invalidez adecuado que sea compatible con otras formas de ingresos, a fin de reducir el riesgo de pobreza al que se enfrentan las personas con discapacidad;

42.Subraya la necesidad de una inversión social decisiva y eficaz a escala europea, nacional y regional dirigida a reforzar los servicios sociales;

43.Pide a la Unión y a los Estados miembros que garanticen que todos los miembros de nuestra sociedad tengan las competencias adecuadas para encontrar un empleo y desarrollar sus talentos, especialmente las generaciones más jóvenes; subraya la necesidad de reforzar los programas educativos de la Unión y, al mismo tiempo, adaptar la educación y la formación a las necesidades de la economía y la sociedad del futuro; afirma que los trabajadores, los profesores y los formadores deben identificar, apoyar y fomentar las competencias adecuadas en materia de formación; considera que la inversión en infraestructuras digitales es inevitable; está convencido de que obstáculos como la escasez de mano de obra dificultan el crecimiento económico; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen sin demora un paquete global de medidas para hacer frente a la escasez de mano de obra, que se centre en los salarios dignos, la mejora de las condiciones de trabajo, el refuerzo de la movilidad laboral en la Unión, la facilitación de la incorporación de los inmigrantes al mercado laboral y la simplificación del acceso a las oportunidades de financiación para las pymes; solicita un refuerzo del Marco Europeo de Cualificaciones para el reconocimiento adecuado de las competencias y cualificaciones obtenidas fuera de las fronteras europeas; pide a los Estados miembros que reconozcan, validen y certifiquen las competencias formales e informales, los talentos y los conocimientos especializados de las personas procedentes de terceros países; subraya la necesidad de garantizar el acceso a la educación formal, informal y no formal y a una formación permanente de gran calidad;

44.Destaca la importancia de contar con servicios públicos de empleo dotados de recursos suficientes; considera que los servicios públicos de empleo deben ofrecer apoyo individualizado y evaluaciones de las necesidades a los solicitantes de empleo con discapacidad, los solicitantes de empleo de edad avanzada y los desempleados de larga duración;

45.Considera que las próximas recomendaciones del Semestre Europeo deben centrarse en la calidad y la financiación, así como las condiciones laborales, de los cuidados de larga duración centrados en las personas, incluida la asistencia y el apoyo social; recuerda a los Estados miembros la Declaración de Astaná de 2018 y su compromiso de fortalecer la atención primaria de salud para ofrecer una atención equitativa, accesible, segura y asequible basada en la comunidad para las personas de edad avanzada;

46.Muestra su profunda preocupación por las repercusiones de la pandemia en la salud mental de los trabajadores y de la sociedad en general; invita a la Comisión a que presente sistemáticamente recomendaciones orientadas a reforzar los sistemas de atención a la salud mental;

47.Considera que las recomendaciones en materia de política de empleo no deben perder de vista el desempleo y la inactividad de larga duración, especialmente de las personas de edad avanzada; acoge con satisfacción las anteriores recomendaciones dirigidas a algunos Estados miembros que hacen referencia a la necesidad de revisar el sistema de incentivos a la contratación para promover el empleo juvenil; invita, a este respecto, a la Comisión a hacerlas extensivas a los demandantes de empleo de edad avanzada;

48.Subraya las consecuencias sumamente perjudiciales y diversas para la salud de la violencia sexual y de género, que se ha demostrado que pueden tener repercusiones nefastas en la salud física y mental; pide, por consiguiente, que se proteja adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia sexual y de género, y que se aumenten los recursos y las medidas eficaces a tal efecto;

Capítulo IV

49.Manifiesta su preocupación por la escasez mundial de muchos bienes, debida en parte a las perturbaciones causadas por la pandemia; pide a la Comisión que identifique las carencias de los centros de producción estratégicos y presente estrategias para reforzar la autosuficiencia de la Unión en las industrias críticas y diversificar las fuentes con el fin de reducir la dependencia de la Unión de terceros países no democráticos; solicita que se refuerce la dimensión social y económicamente sostenible de la estrategia industrial, prestando especial atención al empleo de calidad y a las cadenas de valor estratégicas en la Unión, y que se adapten o introduzcan a este respecto los requisitos reglamentarios necesarios para garantizar una capacidad industrial europea sostenible y sólida y un apoyo financiero condicional adecuado; apoya una política industrial ambiciosa y coherente en la que se involucre a los interlocutores sociales, al objeto de fortalecer la economía real y fomentar industrias y servicios competitivos y sostenibles; pide a la Comisión que elabore una nueva Directiva marco sobre información, consulta y participación de los trabajadores en relación con las normas mínimas europeas, incluida la anticipación del cambio; pide, asimismo, una revisión de la Directiva sobre la constitución de un comité de empresa europeo con el fin de reforzar el derecho de los representantes de los trabajadores a la información y la consulta, especialmente en los procesos de reestructuración; opina que una base industrial sólida requiere unas condiciones de competencia equitativas con fuertes incentivos para la innovación, normas medioambientales estrictas y buenas condiciones laborales; subraya la importancia de involucrar a los interlocutores sociales en la elaboración de estrategias industriales;

50.Pide a la Comisión que mejore la capacidad industrial y de producción europea para reducir las dependencias; subraya la importancia de desarrollar la soberanía tecnológica y de crear valor y empleo europeos en áreas industriales estratégicas; subraya la importancia de la autonomía estratégica de la Unión y de la resiliencia de su cadena de suministro;

51.Considera que la participación de los trabajadores en los asuntos de las empresas resulta esencial para garantizar una gobernanza empresarial sostenible y evitar la escasez de bienes estratégicos y la deslocalización de la producción; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan las condiciones y los requisitos necesarios para que al menos el 80% de las empresas estén cubiertas por acuerdos de gobernanza empresarial sostenibles de aquí a 2030, con el fin de establecer estrategias convenidas con los trabajadores para influir positivamente en el desarrollo medioambiental, social y económico mediante prácticas de gobernanza y la presencia en el mercado, mejorar la rendición de cuentas de los administradores para integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones empresariales, y promover prácticas de gobernanza empresarial que contribuyan a la sostenibilidad de las empresas, con referencia, entre otros, a la elaboración de informes empresariales, la remuneración del consejo de administración, la diferencia máxima de la relación salarial, la composición del consejo de administración y la participación de las partes interesadas;

52.Pide una Directiva vinculante sobre derechos humanos, diligencia debida y conducta empresarial responsable —incluidos derechos de los trabajadores como el de asociación y negociación colectiva, el derecho a la salud y la seguridad, y a la protección social y a unas buenas condiciones laborales— que establezca una diligencia debida obligatoria que cubra las actividades de las empresas y sus relaciones comerciales, incluidas las cadenas de suministro y subcontratación; subraya que dicha Directiva debe garantizar la plena participación de los sindicatos y los representantes de los trabajadores en todo el proceso de diligencia debida, así como el derecho a alcanzar acuerdos colectivos en los niveles pertinentes sobre las políticas de diligencia debida; subraya, asimismo, que tanto las inspecciones de trabajo nacionales como la Autoridad Laboral Europea han de poder realizar inspecciones conjuntas en toda la cadena, presentar reclamaciones y ofrecer apoyo a la conformidad, con respecto a todas las empresas de la Unión y las que deseen acceder al mercado interior; pide a la Comisión que insista en que todos los socios comerciales de la Unión ratifiquen los Convenios n.os81 (inspección del trabajo) y 129 (inspección del trabajo en la agricultura) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

53.Pide a la Comisión que trabaje en pro de la resiliencia económica, promueva la inversión pública en sectores estratégicos y en sistemas de bienestar social, proteja el espíritu empresarial y a las pymes, y garantice el progreso social en la Unión por medio de empleos bien remunerados; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aumenten la resiliencia y la competitividad de la economía y su preparación ante futuras crisis, con el fin de crear un entorno favorable a las empresas que contribuirá a atraer inversiones y a emprendedores, y a que garanticen una Unión justa y social con empleos que permitan una vida digna, sin dejar a nadie atrás, respetando al mismo tiempo la subsidiaridad de los Estados miembros; pide a los Estados miembros que reduzcan las cargas administrativas de las empresas, especialmente de las pymes, que son la espina dorsal de la economía europea;

54.Pide a la Comisión que incluya en sus recomendaciones una invitación a todos los Estados miembros para que inviertan en la economía social y la economía circular, no solo porque tienen potencial de creación de empleo, sino también porque propician una recuperación económica inclusiva y la transición ecológica;

55.Subraya la necesidad de abordar las brechas y las carencias de competencias en la Unión con el fin de eliminar los estrangulamientos en el mercado laboral; observa que algunas de estas brechas frenan la productividad y el crecimiento económico y disuaden a los trabajadores de incorporarse al mercado laboral; destaca la necesidad de transformar y modernizar la formación y la educación formal y no formal, así como de mejorar la orientación profesional, la adquisición de competencias digitales y la educación en este ámbito, y de promover la formación profesional y el aprendizaje permanente; expresa su preocupación por la necesidad de mejorar las competencias digitales en la Unión en consonancia con las necesidades de los futuros mercados laborales, como se queda patente, entre otras cosas, por la escasez de profesionales informáticos; subraya, asimismo, la importancia de las competencias digitales básicas para la inclusión social, especialmente de las personas de edad avanzada y de las que viven en zonas remotas; destaca la importancia de centrarse e invertir en la educación y formación profesionales en todos los niveles educativos en el contexto de la doble transición digital y ecológica, en el reciclaje profesional, en la mejora de las competencias y en la continuación del aprendizaje permanente, prestando especial atención a las capacidades en CTIM para las niñas y las mujeres; recuerda, en este contexto, la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la formación para todos los trabajadores; pide una mayor uniformidad de los sistemas educativos de la Unión y un reconocimiento más amplio de las cualificaciones; subraya la necesidad de crear un entorno en red para las instituciones de educación y educación superior, los centros de formación profesional y los empleadores que colaboren para predecir y satisfacer las necesidades futuras del mercado laboral; destaca que, ante la reducción de la población en edad de trabajar, son esenciales las políticas dirigidas a incorporar a más personas al mercado laboral; considera que integrar a los migrantes en el mercado laboral puede tener un impacto positivo en la oferta de trabajo, reducir la escasez de mano de obra y fomentar el aumento de las tasas de empleo; considera que esto debe combinarse con otras medidas; destaca la importancia de permitir una vida laboral más sana, mejorar las condiciones de trabajo y adaptar mejor los mercados laborales a las necesidades cambiantes de los trabajadores a lo largo de sus vidas;

56.Pide a la Comisión que, en el marco del proceso del Semestre Europeo, conceda prioridad a la reforma y a la inversión en los cuidados de larga duración y a las necesidades de proporcionar unos cuidados de larga duración de calidad, accesibles, asequibles y adecuados, con especial atención a los servicios asistenciales basados en la comunidad, centrados en las personas y capacitantes que satisfagan las necesidades de las personas y sean accesibles para las personas con ingresos más bajos; señala que la inversión en cuidados de larga duración constituye una oportunidad de crear empleo; subraya la importancia de prestar atención a la creación de puestos de trabajo de calidad con salarios y condiciones laborales dignos;

57.Subraya que las inversiones dirigidas a la adopción de tecnologías digitales avanzadas y a la investigación y la innovación son elementos clave para las futuras políticas económicas destinadas a gestionar la transición digital; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden el déficit de inversión digital tanto en el sector público como en el privado, centrándose en particular en apoyar a las pymes;

Capítulo V

58.Hace hincapié en que, para garantizar una transición justa, debemos abordar y aprovechar los retos y oportunidades que surgen al perseguir nuestros objetivos; considera que la transición a una economía neutra en carbono debe ser equitativa, caracterizarse por la justicia social y no dejar atrás a ningún trabajador ni a las comunidades locales; hace hincapié en que se deben proteger los puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales, sobre la base de una economía social de mercado con una investigación e innovación sólidas en el ámbito de las nuevas tecnologías; considera que la transición ecológica y digital debe ser justa e inclusiva y conducir a una Europa más sostenible y competitiva en la que los trabajadores tengan dignidad y oportunidades para prosperar; observa que se espera que la inversión pública aumente en 2021 y 2022 en comparación con las cifras de 2019, según las previsiones económicas de primavera de 2021 de la Comisión;

59.Coincide con la OIT en su definición de la transición justa hacia el desarrollo sostenible como un enfoque del futuro del trabajo centrado en el ser humano que transforma las economías y las sociedades, maximiza las oportunidades de trabajo digno para todos, reduce las desigualdades, promueve la justicia social y apoya a las industrias, los trabajadores y las comunidades;

60.Recuerda el papel crucial que desempeñan los interlocutores sociales europeos, nacionales y sectoriales a la hora de anticipar el cambio; destaca la necesidad de implicar estrechamente a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores en todos los niveles de la toma de decisiones, a fin de garantizar unas transiciones eficaces y justas; pone de relieve el papel fundamental que desempeña la negociación colectiva por lo que respecta a garantizar las normas de salud y seguridad en el trabajo más estrictas, el desarrollo de las competencias pertinentes y la anticipación estratégica del cambio; subraya que los derechos humanos europeos e internacionales garantizan a todos los trabajadores el derecho a organizarse, a fundar sindicatos y a sindicarse, a participar en la negociación colectiva, a emprender acciones colectivas para defender sus derechos y a beneficiarse de la protección en virtud de los convenios colectivos, con independencia de su situación laboral; pide a los Estados miembros que supriman toda legislación nacional que obstaculice la negociación colectiva, también mediante la garantía del acceso de los sindicatos a los centros de trabajo con fines de organización, intercambio de información y consulta, reforzando la representación de los trabajadores;

61.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen iniciativas destinadas a reducir las desigualdades y proteger unas condiciones de trabajo dignas para todos; destaca, en el contexto del teletrabajo, el derecho a la separación del trabajo, al bienestar psicológico en el trabajo y a la salud y la seguridad en el trabajo; pide empleos de calidad para los trabajadores y, por tanto, el refuerzo del papel de los interlocutores sociales y la negociación colectiva; acoge con satisfacción la propuesta de Directiva de la Comisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales, y pide su rápida adopción; celebra la introducción de una presunción refutable de relación laboral basada en el principio de primacía de la realidad en el marco de esta Directiva para todas las personas que trabajan en plataformas de trabajo digitales; considera esencial garantizar que las condiciones de competencia sean equitativas y que las plataformas estén sujetas a las mismas normas del mercado laboral que las empresas tradicionales; pide a la Comisión que vele por que las plataformas digitales utilicen algoritmos transparentes, no discriminatorios y éticos; subraya la importancia de las relaciones laborales humanas y de la dignidad en el lugar de trabajo, y considera esencial que la gestión algorítmica sea llevada a cabo por supervisores humanos y que sus decisiones sean responsables, impugnables y, en su caso, reversibles;

62.Pide a los Estados miembros que intensifiquen la aplicación de la normativa y combatan las prácticas de las empresas de trabajo temporal deshonestas; insta a la Comisión a que haga obligatoria la certificación para la contratación pública a escala de la Unión y que establezca un registro social a tal efecto; recuerda el papel que puede desempeñar la contratación pública socialmente responsable en la creación de oportunidades de empleo, trabajo digno, inclusión social y profesional y mejores condiciones para los grupos vulnerables; subraya que los Estados miembros deben financiar las reformas en este ámbito, incluso a través del MRR, para hacer más dinámicas y transparentes las normas de contratación, tener en cuenta los objetivos de la política social y del mercado laboral y fomentar, en particular, el acceso de las empresas de la economía social a las licitaciones públicas, en consonancia con el Plan de acción para la economía social;

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63.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dada la situación económica de Europa y las consecuencias de la pandemia de COVID 19, este informe reviste una especial importancia por su valor. Por tanto, es muy importante para el ponente que este informe cuente con el apoyo de todos los grupos políticos y llegue a un público más amplio.

Así pues, este informe difiere de otros anteriores en cuanto a su relevancia, objetivos y claridad. Los mercados de Europa y del mundo no solo se han visto enormemente afectados por la COVID-19, sino también por la crisis climática, la inteligencia artificial y un creciente desequilibrio entre las normativas sociales y la economía de mercado, que siguen adelante con mecanismos considerablemente negativos.

Teniendo en cuenta que Europa y sus mercados han experimentado un proceso de desarrollo a diversos niveles —que debe continuar—, este informe también respalda un rechazo a la iniciativa del Foro Económico Mundial, el llamado «gran reinicio» para remodelar la economía y la sociedad mundiales tras la pandemia de COVID-19.

El ponente admite que muchos otros informes sobre la cuestión adoptan un enfoque multidisciplinario. Subraya explícitamente que este informe es complementario a muchos niveles, que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe respetarse y que ha de mantenerse la flexibilidad presupuestaria de cada Estado miembro, respetando el principio de subsidiariedad y la diversidad de Europa. Este informe contiene declaraciones muy concretas que revisten una importancia fundamental para una economía europea viable, resiliente y sostenible.

En el capítulo I se pide que se haga más hincapié en un crecimiento económico sostenible. En vista de las arcas públicas vacías en los presupuestos públicos europeos, tenemos que encontrar nuevas y mejores formas de financiación.

Los programas económicos y los fondos impuestos hasta ahora no serán suficientes para una recuperación económica viable, sostenible y duradera, junto con mercados sólidos que sean más resistentes a futuras crisis. El objetivo del crecimiento económico sostenible debe ser garantizar que podemos capear las futuras crisis de la mejor manera posible, asegurar los mercados y ampliar las infraestructuras, garantizando al mismo tiempo un impacto respetuoso con el clima.

Para ello se ha diseñado el sistema «Manacle Bonds». El ponente recomienda que la Comisión lo revise y lo introduzca en consecuencia.

Al explicar el sistema, cabe señalar que el ponente se opone tanto a un presupuesto de la zona del euro con mayores contribuciones de los miembros como a una comunitarización general de la deuda soberana a través de los eurobonos. El ponente considera que el planteamiento de un programa de compra de bonos del BCE reformado es una medida sensata.

El BCE debería poder comprar bonos emitidos por la UE. La UE emitiría un bono (de deuda) que incluiría, por ejemplo, medidas económicas europeas o permitiría también la financiación de una prestación europea por hijos. No debería ser posible financiar medidas nacionales. Solo deben incluirse en este programa, de forma conjunta y solidaria, medidas europeas comunes para obtener beneficios comunes. Los bonos (de deuda) no deben ser negociables. Las instituciones y los inversores privados no pueden comprarlos. Solo el BCE puede mantener estos bonos. No incluyen un compromiso de tipo de interés, sino una fecha de reembolso. Todos los Estados miembros que participan en la emisión del bono son responsables del reembolso. Los Estados miembros solo son responsables de su cuota respectiva. El impago puede ser motivo de denegación en futuras emisiones. Por razones de solidaridad, todos los Estados miembros deberían participar en un bono (de deuda). De facto, los Estados miembros convienen:

Un objetivo que debe perseguirse (la lucha contra la pobreza infantil a través de una prestación europea por hijos); (lucha contra el desempleo mediante la reducción de la jornada/medidas económicas), etc.

El importe del bono (de deuda)

Una fecha de reembolso

Las posibles condiciones previas (reformas) también para los Estados (co)emisores

El BCE decidirá en función de sus propios criterios (como el historial de pagos anteriores, la revisión jurídica, etc.) si el bono (de deuda) emitido puede comprarse. El BCE decidirá de forma independiente. No hay garantía de que se pueda colocar realmente un bono (de deuda). Los bonos (de deuda) solo pueden ser adquiridos por el BCE, lo que le permite inyectar dinero en el espacio económico común de forma controlada y lo neutraliza en el momento del reembolso. Dado que solo el BCE actúa como acreedor, es totalmente posible una renuncia posterior al crédito. Esta forma de bono de deuda amplía el alcance político, preservando al mismo tiempo la independencia del Banco Central Europeo.

En el capítulo II se muestran los efectos entre el medioambiente y la salud, así como las medidas preventivas necesarias en el ámbito de la medicina del trabajo. Las bajas por enfermedad tienen un impacto económico negativo en la producción y los costes de producción, así como en el comercio y los servicios.

En el capítulo III se destaca que la convergencia en general entre los Estados de Europa no solo se ha estancado, sino que cada vez hay unas diferencias mayores en las rentas de las personas entre el Norte y el Sur. Como resultado, la pobreza subjetiva se encuentra en un nivel sin precedentes, mientras que las tasas de pobreza objetivas también se consolidan en un nivel muy elevado.

Por tanto, es imperativo y necesario centrarse en el poder adquisitivo en programas económicos orientados al futuro. Esto les permitirá ser plenamente eficaces en el Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2022.

Para estabilizar el crecimiento económico sostenible, el aumento del poder adquisitivo suele ir seguido de los correspondientes aumentos de la productividad. Una consecuencia de ello es la reducción del trabajo de corta duración y el desempleo, con un considerable ahorro de costes. Con un mayor consumo, también cabe esperar un aumento de los ingresos fiscales en los Estados miembros. En cualquier caso, un aumento del poder adquisitivo no solo inhibe el creciente riesgo de pobreza, sino que también lo limita activamente. Por tanto, en términos concretos, en el capítulo III se propone la introducción de una prestación por hijos del 25/25, que se explica más adelante.

La vida en su conjunto se ha vuelto más rápida, frenética y compleja. Las familias con hijos son cada vez más pobres. Muchos padres ya no pueden seguir el ritmo y se ven abrumados. Los conflictos van en aumento. Un resultado es, por ejemplo, el aumento de la violencia en las familias. En toda Europa estamos asistiendo a un drástico aumento de los casos de abandono, maltrato y desatención de menores. Se requiere una acción decisiva para contrarrestar esta situación. Europa debe luchar contra la pobreza infantil de forma activa, directa y local dentro de la unidad familiar.

Las familias son la piedra angular de nuestra sociedad europea, que configura la forma en que todos vivimos juntos y garantiza la continuidad de Europa. Solo unas familias fuertes pueden forjar una sociedad fuerte que sea capaz de sostenerse ante la competencia global. Con el fin de aplicar la Garantía Infantil Europea, el ponente considera necesaria y esperada la introducción de una prestación por hijos europea del 25/25.

Esta ayuda adicional europea a la infancia no puede compensarse con ninguna otra prestación. En el informe final «Estudio de viabilidad para una garantía infantil», presentado por la Comisión Europea en marzo de 2020, se explican en detalle la base jurídica y las responsabilidades existentes. Esta prestación por hijos europea del 25/25 establece un proyecto de desarrollo económico sostenible. Las familias, a su vez, añadirán el dinero extra al ciclo del efectivo, por lo que también beneficia directa e indirectamente a todos los europeos.

La suma de 50 euros es esencial para cada niño nacido en Europa cuyos padres perciban una renta inferior a la renta mediana del Estado miembro correspondiente. Dividida en 25 euros por hijo —como pago directo de los fondos familiares existentes en los Estados miembros— y los otros 25 euros por hijo para la reciente creación de los consejeros familiares europeos, que trabajarán activamente con las familias a escala local.

El Compañero Familiar Europeo significa:

La presencia de Europa en la unidad familiar, estableciendo una mejor identificación con Europa.

El vínculo entre familias, estructuras de suministro y comunidades bajo los auspicios europeos.

El apoyo preventivo a las familias desde el embarazo hasta que los hijos llegan a la edad adulta, adaptado individualmente a las familias como comunidad.

La identificación temprana de problemas (exigencias excesivas, desatención, maltrato, abandono y violencia en la familia, trastornos del desarrollo infantil, etc.).

Unas soluciones que incluyan estructuras de suministro preexistentes y a través de las redes individuales de estas estructuras para las familias.

Al hacer que la Unión Europea sea más propicia para las familias, volverán a nacer más niños en Europa, por lo que reforzar a las familias significa reforzar a la sociedad en su conjunto.

En el capítulo IV se aborda específicamente el crecimiento económico sostenible mediante la reeuropeización de importantes instalaciones de producción, como, por ejemplo, la tecnología de semiconductores, los productos médicos, los medicamentos y los productos de higiene, con cadenas de suministro más cortas para desarrollar y ampliar los sectores de empleo. En el capítulo IV, el ponente aborda asimismo la repercusión de la escasez de capacidades y la creciente importancia de la educación, la innovación y la investigación. Estos son los pilares del empleo socialmente aceptable en Europa.

El capítulo V se dedica al crecimiento económico sostenible mediante la mejora de los principios de producción, servicio y comercio.

Desde la perspectiva de una política europea de empleo social, esto significa en particular que el carácter propicio para las familias, la sostenibilidad, el respeto al clima, la transparencia salarial y los valores sociales fundamentales del empleo se establezcan en un registro social de certificación. A continuación, deben codificarse para las licitaciones públicas y europeas y servir para fomentar el empleo y el crecimiento económico sostenibles y socialmente aceptables..


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

28.2.2022

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

15

11

29

Miembros presentes en la votación final

Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Giuseppe Milazzo, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Michal Šimečka, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes en la votación final

Konstantinos Arvanitis, Alin Mituța, Evelyn Regner, Eugenia Rodríguez Palop, Véronique Trillet-Lenoir, Anna Zalewska


VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

15

+

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh

Renew

Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Alin Mituța, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Michal Šimečka, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

11

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI

Ádám Kósa, Daniela Rondinelli

PPE

Radan Kanev

The Left

Sandra Pereira

29

0

ECR

Giuseppe Milazzo, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Marianne Vind

The Left

Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

Explicación de los signos utilizados

+:a favor

-:en contra

0:abstenciones

Última actualización: 7 de marzo de 2022
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