PROPUESTA DE RESOLUCIÓNsobre la necesidad de acciones ante la opresión continua y el fraude electoral en Bielorrusia
17.1.2025-()
presentada de conformidad con el artículo 136, apartado 2, del Reglamento interno
Helmut Brandstätter, Petras Auštrevičius, Dan Barna, Ľubica Karvašová, Michał Kobosko, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Marie‑Agnes Strack‑Zimmermann, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Dainius Žalimas
en nombre del Grupo Renew
Véase también la propuesta de resolución comúnRC-B10-0055/2025
10‑0055/2025
Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de acciones ante la opresión continua y el fraude electoral en Bielorrusia
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El Parlamento Europeo,
–Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia,
–Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de octubre de 2020 y de 19 de febrero de 2024, sobre Bielorrusia y las Conclusiones del Consejo Europeo, de 21 y 22 de octubre de 2021, sobre Bielorrusia,
–Vistas las declaraciones del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 26 de febrero de 2024, sobre las elecciones parlamentarias y locales y, de 1 de agosto de 2024, sobre la liberación de varios presos políticos, y la declaración del alto representante en nombre de la UE, de 8 de agosto de 2023, con motivo del tercer aniversario de las elecciones presidenciales fraudulentas en Bielorrusia,
–Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,
–Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de 25 de marzo de 2024 sobre la situación de los derechos humanos en Belarús en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y con posterioridad a ellas,
–Vista la Resolución de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 12 de junio de 2023, sobre las medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT sobre la cuestión de Belarús,
–Visto el artículo136, apartado2, de su Reglamento interno,
A.Considerando que los treinta años de régimen autoritario de Aliaksandr Lukashenka en Bielorrusia se han caracterizado por la represión sistemática de opositores y disidentes políticos, como la desaparición forzada de los críticos de Lukashenka; que, desde las elecciones presidenciales fraudulentas de agosto de 2020, el régimen ilegítimo de Lukashenka ha reprimido sistemáticamente a activistas políticos, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas, artistas, líderes religiosos, sindicalistas y otros grupos en Bielorrusia y en el extranjero, deteniendo arbitrariamente a decenas de miles de personas;
B.Considerando que, según el Centro de Derechos Humanos «Viasna», más de 1250 presos políticos siguen detenidos en Bielorrusia en condiciones que ponen su vida en peligro ya que el estado de salud de muchos de estos prisioneros es delicado; que varios presos políticos han muerto bajo custodia y solo en 2024 fallecieron cuatro; que los presos políticos se enfrentan a torturas, a la denegación de atención médica, a un acceso restringido a las visitas de sus abogados y familiares y a un régimen de aislamiento; que, desde el verano de 2020, se ha reconocido a 3697 personas como presos políticos; que solo en 2024 se documentaron al menos 8895 casos de persecución por motivos políticos, que incluyeron arrestos, detenciones, despidos y otras formas de represión contra presos políticos y sus familias y sus abogados, activistas, periodistas, sacerdotes, médicos, bielorrusos retornados y otras personas;
C.Considerando que numerosas organizaciones internacionales, como la ACNUDH, han documentado violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Bielorrusia, a saber, torturas, detenciones arbitrarias, encarcelamiento u otras privaciones graves de libertad física, desapariciones forzadas, persecución por motivos políticos y supresión de libertades, que constituyen crímenes contra la humanidad con arreglo al Derecho internacional; que, en septiembre de 2024, Lituania remitió la situación en Bielorrusia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidiendo que investigara determinados crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Lukashenka;
D.Considerando que este régimen ilegítimo tiene previsto celebrar elecciones presidenciales fraudulentas el 26 de enero de 2025, y que Lukashenka va a por un séptimo mandato; que no habrá ninguna misión oficial de países democráticos para la observación de las elecciones fraudulentas;
E.Considerando que la campaña electoral se ha caracterizado por la detención de personas que participaban en la campaña de los candidatos de la opción en las elecciones presidenciales de 2020 y por una clara disposición a reprimir duramente la disidencia;
F.Considerando que al menos ocho presos políticos están actualmente detenidos en situación de incomunicación: Siarhéi Tsijanouski, Ihar Losik, Maksim Znak, Mikalái Statkévich, Mikalái Bankou, Aliaksandr Frantskevich, Andréi Navitski y Uladzimir Kniha; que Víktar Babaryka estuvo detenido e incomunicado hasta hace muy poco, mientras que Maryia Kalésnikava estuvo más de 600 días incomunicada antes de noviembre de 2024;
G.Considerando que el régimen de Lukashenka ha intensificado la presión sobre el personal de las misiones diplomáticas occidentales acreditadas en Bielorrusia, así como sobre otros extranjeros; que Mikalái Jila, miembro del personal local de la Delegación de la UE en Bielorrusia, fue arrestado por el KGB bielorruso ante la oficina de la Delegación de la Unión, estuvo detenido en prisión preventiva desde abril de 2024 y fue condenado a cuatro años de prisión en diciembre de 2024; que se le ha incluido como preso político en la lista del Centro de Derechos Humanos «Viasna»; que dos ciudadanos japoneses fueron detenidos recientemente bajo acusaciones falsas de «actividades de agente»;
H.Considerando que Lukashenka indultó a más de 200 presos políticos en 2024 en un intento de levantar algunas sanciones occidentales; que continúan las detenciones políticas a pesar de estos indultos y solo en 2024 se ha condenado al menos a 1721 personas por acusaciones políticas;
I.Considerando que el régimen bielorruso emplea leyes contra el extremismo para dificultar la labor de los medios de comunicación que le han servido para calificar de extremistas a la mayoría de los medios de comunicación independientes; que hay al menos 45 representantes de los medios de comunicación detenidos, unos 400 exiliados y otros que se enfrentan a acoso y malos tratos; que reconoce el papel crucial de los medios de comunicación independientes, como Belsat TV y Nexta, entre otros, a la hora de proporcionar información esencial y servir de plataforma para las voces democráticas;
J.Considerando que, desde 2020, más de 500000 bielorrusos se han visto obligados a huir del país y que algunos siguen siendo objeto de persecución por parte del régimen de Lukashenka, también a través de juicios en rebeldía, amenazas de las fuerzas de seguridad y presión sobre familiares, decomisos y otras restricciones;
K.Considerando que, bajo el régimen de Lukashenka, se ha ejecutado a más de 250 personas condenadas a muerte; que Bielorrusia sigue siendo el único país de Europa y Asia Central que mantiene la pena de muerte, y que su ámbito de aplicación se amplió en 2022 a actos de terrorismo vagamente definidos y en 2023 se incluyó también la «traición contra el Estado»;
L.Considerando que las autoridades bielorrusas emplean la vigilancia, la censura en línea y la desinformación, lo que aumenta el autoritarismo digital y socava las perspectivas de unas elecciones libres y justas en 2025; que los propagandistas bielorrusos difunden periódicamente desinformación sobre los Estados miembros de la Unión y sus funcionarios y suprimen el acceso a la información;
M.Considerando que el régimen de Lukashenka ha demostrado ser fundamental para Putin a la hora proporcionar a las fuerzas rusas acceso al territorio bielorruso con el fin de intensificar la invasión a gran escala de Ucrania; que el régimen de Lukashenka comete crímenes contra niños ucranianos, en particular al acoger en su territorio campos de reeducación para el adoctrinamiento político y la militarización; que dicho régimen contribuye a los intentos de Rusia y de otros países de desestabilizar la Unión y socavar las aspiraciones europeas entre los países vecinos de la Unión, en especial mediante el uso de la migración como arma en las fronteras de la Unión y la legitimación del régimen autocrático de Ivanishvili en Georgia;
N.Considerando que la Unión ha impuesto sanciones específicas a Bielorrusia en respuesta a las elecciones fraudulentas de 2020, las violaciones de los derechos humanos y la complicidad de Bielorrusia en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania que incluyen restricciones comerciales y sanciones a 287 personas, entre ellas Lukashenka, y 39 entidades;
O.Considerando que el régimen de Lukashenka, con la ayuda rusa, elude algunas de estas sanciones mediante un acceso preferencial al mercado y el uso de las infraestructuras rusas; que hay informes que indican que BelAZ, un fabricante bielorruso de camiones sancionado, elude las sanciones al desmontar camiones en Bielorrusia y enviar las piezas a la Unión para su volver a montarlas con diferentes logotipos;
1.Pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional que rechacen categóricamente las próximas elecciones en Bielorrusia, y la campaña previa, por fraudulentas, que no reconozcan la legitimidad de Aliaksandr Lukashenka como presidente después del 26 de enero de 2025 y que hagan todo lo posible para asegurar que se celebren unas elecciones libres y justas en Bielorrusia;
2.Reitera su petición de que se libere de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas en Bielorrusia por sus opiniones políticas y se les ofrezca una indemnización y el restablecimiento de sus derechos; pide que se ponga fin a la represión de los opositores políticos y la población bielorrusa;
3.Expresa su profunda preocupación por la situación de los presos políticos, incluidos Maryia Kalésnikava, Siarhéi Tsijanouski, Ales Bialiatski, Mikalái Statkévich, Mikalái Jila, Valiantsin Stefanovich, Maksim Znak, Víktar Babaryka, Ihar Losik, Andréi Pachobut, Palina Sharenda-Panasiuk, Uladzimir Matskevich, Marfa Rabkova, Uladzimir Labkovich, Aliaksandr Yarashuk, Yana Pinchuk, Mikalái Bankou, Andréi Navitski, Henrij Akálatovich, Uladzimir Kniha y otros, muchos de los cuales se enfrentan a graves problemas de salud sin acceso a atención médica adecuada y sufren aislamiento, malos tratos y torturas;
4.Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan investigando las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia y que apoyen las medidas de rendición de cuentas, también a través de la jurisdicción extraterritorial y universal; pide a la Unión y a sus Estados miembros que investiguen, sobre la base de la jurisdicción universal, los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Lukashenka en Bielorrusia y en el territorio de la Unión y, siguiendo el ejemplo de Lituania, que remitan la situación en Bielorrusia a la Corte Penal Internacional para su investigación en la medida de lo posible, así como que consideren la posibilidad de crear un tribunal internacional para enjuiciar los crímenes del régimen de Lukashenka; pide a los Estados miembros que permitan a los abogados bielorrusos expulsados por el régimen ejercer en el territorio de la Unión con el fin de prestar asistencia jurídica a los bielorrusos perseguidos;
5.Reitera su llamamiento a las autoridades bielorrusas para que respeten los derechos de los detenidos, les presten atención médica y les concedan acceso a asistencia letrada, a sus familias y a las organizaciones internacionales;
6.Reitera su llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para que ayuden a los presos políticos y a sus familias pidiendo pruebas del paradero de los presos políticos, solicitando su liberación, simplificando los procedimientos de obtención de visados y documentos de identificación para quienes huyen de Bielorrusia y proporcionando medidas de rehabilitación y otros tipos de ayuda;
7.Destaca la importancia de proteger a los bielorrusos exiliados de la persecución por parte del régimen de Lukashenka y de concederles oportunidades para residir y trabajar legalmente en la Unión;
8.Elogia la resiliencia de la sociedad civil y de las fuerzas democráticas bielorrusas; reitera su solidaridad con el pueblo de Bielorrusia y su apoyo a sus legítimas aspiraciones de un futuro democrático y europeo, y mantiene su compromiso de trabajar con las fuerzas democráticas bielorrusas, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes en beneficio del pueblo bielorruso;
9.Pide que se mantenga el apoyo de la Unión a las fuerzas democráticas bielorrusas, dirigidas por Sviatlana Tsijanóuskaya; reitera la necesidad de apoyar a las fuerzas democráticas bielorrusas, la sociedad civil, los estudiantes, los periodistas, los dirigentes de los sindicatos, los profesionales exiliados y otras personas facilitándoles visados, becas, subvenciones y oportunidades para establecer contactos;
10.Denuncia la complicidad del régimen de Lukashenka en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y condena la subordinación deliberada de Bielorrusia a Rusia en una entidad denominada «Estado de la Unión» que engloba las esferas política, geopolítica, económica, militar y cultural; reitera la necesidad de contribuir al refuerzo de la identidad nacional bielorrusa y la lengua bielorrusa y de luchar contra la falsificación de la historia bielorrusa por parte del régimen de Lukashenka y del Kremlin y sus representantes;
11.Insta a la Unión y a sus socios internacionales a que refuercen las sanciones contra las personas y entidades responsables de la represión en Bielorrusia y de la participación de Bielorrusia en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a que colmen al mismo tiempo las lagunas en materia de sanciones; pide a la Unión que sancione a las entidades y personas bielorrusas responsables del trabajo forzoso de los presos políticos, así como los bienes producidos mediante dicho trabajo forzoso;
12.Pide a la Unión y a las empresas occidentales que cesen sus actividades en Bielorrusia;
13.Insta a la Unión y a sus socios internacionales a que inmediatamente identifiquen, congelen y consideren la posibilidad de confiscar los activos bielorrusos sancionados, así como los activos de entidades y personas que dirigen la denominada campaña electoral de Lukashenka, incluida la Federación de Sindicatos de Bielorrusia;
14.Insta a Bielorrusia a que conmute todas las penas de muerte, imponga una moratoria de la pena capital y avance hacia su abolición permanente;
15.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a las instituciones pertinentes de la Unión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Consejo de Europa, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Gobierno japonés, a representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas y a las autoridades bielorrusas de facto.