PROPUESTA DE RESOLUCIÓNsobre la necesidad de acciones ante la opresión continua y el fraude electoral en Bielorrusia
17.1.2025-()
presentada de conformidad con el artículo136, apartado 2,del Reglamento interno
Ondřej Kolář, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sebastião Bugalho, David McAllister, Tomas Tobé, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Nicolás Pascual de la Parte, Mika Aaltola, Wouter Beke, Krzysztof Brejza, Daniel Caspary, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, Reinhold Lopatka, Antonio López‑Istúriz White, AnaMiguel Pedro, Paulius Saudargas, Liesbet Sommen, Davor Ivo Stier, Michał Szczerba, Alice Teodorescu Måwe, Ingeborg TerLaak, Matej Tonin, Milan Zver
en nombre del GrupoPPE
Véase también la propuesta de resolución comúnRC-B10-0055/2025
10‑0057/2025
Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de acciones ante la opresión continua y el fraude electoral en Bielorrusia
()
El Parlamento Europeo,
–Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia,
–Vistas las Conclusiones del Consejo de 19 de febrero de 2024 y 12 de octubre de 2020 sobre Bielorrusia,
–Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de octubre de 2021 sobre Bielorrusia,
–Visto el informe, de 25 de marzo de 2024, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Belarús en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y con posterioridad a ellas,
–Vistas las declaraciones del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de 1 de agosto de 2024 sobre la liberación de varios prisioneros políticos y de 26 de febrero de 2024 sobre las elecciones parlamentarias y locales,
–Visto el artículo136, apartado2, del Reglamento interno,
A.Considerando que, tras las elecciones presidenciales fraudulentas de agosto de 2020, el régimen de Lukashenka ha atacado sistemáticamente a activistas políticos, representantes de la sociedad civil, periodistas, defensores de los derechos humanos y sindicalistas, sometiendo a miles de personas a detenciones arbitrarias y a represión;
B.Considerando que se han documentado violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Bielorrusia, incluidas torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, secuestros y la supresión de las libertades fundamentales;
C.Considerando que Lukashenka indultó a unos 230presos políticos en 2024; que, a pesar de estos indultos, más de 1500 presospolíticos siguen detenidos arbitraria e injustamente, muchos de los cuales están sometidos a condiciones inhumanas que ponen en peligro su vida, incluidos torturas, denegación de atención médica, visitas familiares restringidas y régimen de aislamiento;
D.Considerando que, según el Centro de Derechos Humanos Viasna, al menos 360personas fueron detenidas entre julio y septiembre de 2024, y que muchos líderes de la oposición democrática siguen encarcelados, entre ellos, Ales Bialiatski, fundador de Viasna y galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Pával Seviarynets, copresidente del partido Democracia Cristiana Bielorrusa, partido miembro del Partido Popular Europeo (PPE) en calidad de observador, Siarhéi Tsijanouski, Víktar Babaryka, Maryia Kalésnikava y Mikalái Statkévich; que al menos seis presos políticos han muerto detenidos en circunstancias sospechosas en los últimos tres años, lo que pone de relieve las terribles condiciones de las cárceles bielorrusas;
E.Considerando que los bielorrusos exiliados se enfrentan a persecución continua, incluido el uso indebido de las órdenes de detención de Interpol para facilitar la extradición de opositores políticos de países no pertenecientes a la Unión; que aproximadamente 500000bielorrusos se han visto obligados a abandonar su país desde 2020 y siguen enfrentándose a persecución política en el extranjero;
F.Considerando que las medidas represivas en Bielorrusia se han centrado cada vez más en la libertad religiosa, con la reciente adopción de la ley sobre la libertad de conciencia y las organizaciones religiosas, que obliga a volver a registrar a todas las organizaciones religiosas y confesionales a más tardar el 5 de julio de 2025, lo que supone una grave amenaza para los derechos y la existencia de comunidades religiosas;
G.Considerando que el régimen tiene la intención de celebrar las denominadas elecciones presidenciales el 26 de enero de 2025, en condiciones contrarias a todas las normas reconocidas internacionalmente, y que Lukashenka pretende garantizar un séptimo mandato;
H.Considerando que la actual campaña electoral presidencial se está llevando a cabo en un entorno de represión grave, que ni siquiera cumple las normas mínimas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para las elecciones democráticas; que se prohíbe la participación de candidatos de la oposición, que la libertad de los medios de comunicación está muy restringida, que los votantes se enfrentan a intimidación y que la ausencia de observación electoral independiente socava aún más la legitimidad del proceso electoral;
I.Considerando que el régimen de Lukashenka en Bielorrusia está posibilitando directamente la agresión militar rusa contra Ucrania, entre otras cosas permitiendo a Rusia atacar a Ucrania, en particular mediante el lanzamiento de misiles balísticos desde el territorio bielorruso, consintiendo el estacionamiento y el transporte de personal militar ruso, el almacenamiento y el transporte de equipos y armamento militares, incluidas las armas pesadas, autorizando que aeronaves militares rusas vuelen a Ucrania por el espacio aéreo bielorruso y proporcionando puntos de repostaje;
1.Reitera su no reconocimiento de la elección de Aliaksandr Lukashenka como presidente de Bielorrusia; considera que el régimen bielorruso actual es ilegítimo, ilegal y criminal; reafirma su apoyo inquebrantable al pueblo bielorruso en su defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos; expresa su solidaridad con las fuerzas democráticas y las organizaciones de la sociedad civil bielorrusas en sus esfuerzos por establecer una Bielorrusia soberana, democrática y próspera;
2.Denuncia la falta de libertad, equidad y transparencia antes de las denominadas «elecciones» presidenciales en Bielorrusia y pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional que rechacen el proceso electoral falso y se abstengan de reconocer a Aliaksandr Lukashenka como presidente de Bielorrusia;
3.Recuerda que la campaña electoral falsa en curso y las denominadas elecciones posteriores no cumplen ninguna de las normas electorales reconocidas internacionalmente; recuerda que no habrá misiones internacionales de observación independientes en Bielorrusia para las «elecciones»; considera que el proceso de «elecciones» en curso es una farsa;
4.Insta a la Unión y a los socios internacionales a que identifiquen, congelen y consideren la posibilidad de confiscar rápidamente los activos de entidades y personas que orquesten la denominada campaña electoral de Lukashenka, incluida la Federación de Sindicatos de Bielorrusia;
5.Lamenta las graves violaciones en curso de los derechos humanos y los principios democráticos en Bielorrusia, que se han intensificado aún más en el período previo a las denominadas elecciones presidenciales; condena la represión sistemática ejercida por Bielorrusia, que implica, entre otras prácticas, detenciones arbitrarias, torturas, acoso y malos tratos a los detenidos; reitera su petición de que se libere de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por sus opiniones políticas en Bielorrusia; pide al régimen de Lukashenka que ponga fin a todas las formas de represión y garantice las libertades fundamentales de los ciudadanos bielorrusos;
6.Expresa su máxima preocupación por la situación de los presos políticos, incluidos Maryia Kalésnikava, Siarhéi Tsijanouski, Ales Bialiatski, Mikalái Statkévich, Mikalái Jila, Valiantsin Stefanovic, Maksim Znak, Víktar Babaryka, Ihar Losik, Andréi Pachobut, Palina Sharenda-Panasiuk, Uladzimir Matskevich, Marfa Rabkova, Uladzimir Labkovich, Aliaksandr Yarashuk, Yana Pinchuk, Mikalái Bankou, Andréi Navitski, Henrij Akálatovich, Uladzimir Kniha y otros, muchos de los cuales se enfrentan a graves problemas de salud sin acceso a atención médica adecuada y sufren aislamiento, malos tratos y tortura;
7.Reitera su llamamiento a las autoridades bielorrusas para que respeten los derechos de los detenidos, les presten atención médica y les permitan acceder a asistencia letrada, a sus familias y al Comité Internacional de la Cruz Roja;
8.Reitera su llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para que apoyen a los presos políticos y a sus familias solicitando, siempre que se presente la ocasión, su liberación inmediata, citando a los embajadores del régimen a fin de solicitarles pruebas de sus condiciones y ubicación, simplificando los procedimientos de obtención de visados y documentos de identificación provisionales para quienes huyen de Bielorrusia y proporcionando medidas de rehabilitación y ayuda práctica y financiera;
9.Hace hincapié en la urgente necesidad de proteger a los bielorrusos exiliados de la persecución y el acoso por parte del régimen de Lukashenka;
10.Lamenta que las medidas represivas en Bielorrusia se hayan ampliado para incluir ataques a la libertad religiosa, mediante la adopción de la ley sobre la libertad de conciencia y las organizaciones religiosas, que viola gravemente el derecho fundamental a la libertad de religión, conciencia y creencias; insta al régimen de Lukashenka a que ponga fin inmediatamente a la persecución de las comunidades religiosas y las iglesias;
11.Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen a las fuerzas democráticas dirigidas por Sviatlana Tsijanóuskaya de todas las maneras posibles;
12.Condena con la máxima firmeza la participación del régimen de Lukashenka en la guerra de agresión injustificada, ilegal y no provocada de Rusia contra Ucrania; considera que el régimen de Lukashenka se ha convertido en cómplice de los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania; considera, además, que el tribunal internacional especial sobre el crimen de agresión perpetrado por Rusia contra Ucrania también debe tener jurisdicción para investigar a los dirigentes bielorrusos;
13.Pide a la Unión y a sus Estados miembros que encuentren vías legales para incautar los bienes de los dirigentes bielorrusos y las entidades bielorrusas conexas implicadas en el esfuerzo bélico ruso y destinarlos a apoyar la reconstrucción de Ucrania;
14.Denuncia el traslado ilegal de varios miles de niños, incluidos huérfanos, de zonas de Ucrania ocupadas por Rusia a los denominados «campos recreativos» en Bielorrusia, donde son sometidos a una rusificación y adoctrinamiento; condena enérgicamente la participación de la Cruz Roja de Bielorrusia en la deportación ilegal de niños ucranianos;
15.Insta a la Unión y a sus socios internacionales a que refuercen las sanciones contra personas y entidades, como el KGB bielorruso, que son responsables de la represión de opositores políticos y de la participación de Bielorrusia en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; pide a la Unión que adapte su régimen de sanciones a Bielorrusia al aplicado a Rusia;
16.Pide a los Estados miembros y a la comunidad internacional que preparen el terreno para el enjuiciamiento penal de Aliaksandr Lukashenka y de los funcionarios bielorrusos responsables de falsificar los resultados electorales de 2020 y de intensificar las violaciones de los derechos humanos perpetradas con posterioridad a dichas elecciones, con arreglo a los principios aceptados de jurisdicción extraterritorial y universal; destaca el inestimable trabajo realizado sobre el terreno por los defensores de los derechos humanos y los representantes de la sociedad civil para supervisar, documentar y denunciar las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en Bielorrusia, con el fin de garantizar la consiguiente rendición de cuentas y justicia para las víctimas;
17.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Unión/alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a las instituciones pertinentes de la Unión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Consejo de Europa, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Gobierno japonés, a los representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas y a las autoridades bielorrusas de facto.