PROPUESTA DE RESOLUCIÓNsobre la situación en Nicaragua
12.6.2023-()
presentada de conformidad con el artículo132, apartado2, del Reglamento interno
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Charlie Weimers, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Joachim Stanisław Brudziński, Waldemar Tomaszewski, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Denis Nesci, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR
Véase también la propuesta de resolución comúnRC-B9-0272/2023
9‑0283/2023
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua
()
El Parlamento Europeo,
–Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Nicaragua, en particular sus Resoluciones sobre la situación en Nicaragua, de 8 de julio de 2021[1] y de 16 de diciembre de 2021[2],
–Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,
–Vista la declaración conjunta sobre Nicaragua, de 22 de junio de 2021, presentada por 59países y adoptada en el 47.ºperíodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
–Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,
–Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,
–Visto el artículo132, apartado2, de su Reglamento interno,
A.Considerando que Daniel Ortega lleva dieciséis años consecutivos en el poder y ha socavado la democracia de muchas maneras diferentes; que, el 7 de noviembre de 2021, orquestó un proceso electoral manipulado en Nicaragua, que era antidemocrático e ilegítimo; que ningún observador internacional pudo observar las elecciones y que se ha restringido la libertad de prensa;
B.Considerando que el régimen nicaragüense ha adoptado leyes cada vez más restrictivas en los últimos años, institucionalizando la represión y utilizando las instituciones estatales como arma contra la sociedad civil;
C.Considerando que Daniel Ortega sigue centralizando el poder político en torno a sí mismo y a su familia; que ha convertido a su esposa, Rosario Murillo, en vicepresidenta y ha nombrado a sus hijos para cargos de alto nivel;
D.Considerando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha denunciado todas las reformas constitucionales que han moldeado completamente la estructura institucional del Estado nicaragüense para garantizar la concentración total del poder en manos de Ortega;
E.Considerando que la falta de separación de poderes y el control absoluto de las instituciones estatales por parte del Gobierno nicaragüense han dado lugar a la subordinación del poder judicial y de la Fiscalía General a la voluntad del régimen, lo que ha obliterado el Estado de Derecho y la independencia judicial;
F.Considerando que Ortega ha disfrutado de un gran apoyo de otros regímenes no democráticos como Venezuela, pero también de Rusia; que el hundimiento de la economía venezolana en 2018 provocó el recorte o la suspensión del apoyo a la dictadura nicaragüense;
G.Considerando que políticos de la oposición, activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas han sido detenidos o encarcelados sistemáticamente; que la detención de miembros de la oposición ha provocado que la Asamblea Nacional esté ocupada principalmente por diputados leales a Ortega;
H.Considerando que, desde 2018, se ha mantenido a numerosos presos políticos incomunicados y en condiciones inhumanas; que estas detenciones y encarcelamientos constituyen una grave violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos; que los juicios relacionados han violado el Código Penal nicaragüense al ignorar la cláusula de presunción de inocencia;
I.Considerando que, el 9 de febrero de 2023, 222 personalidades de la oposición fueron exiliadas a los Estados Unidos, incluidos siete antiguos candidatos a la presidencia, abogados, activistas en favor de los derechos humanos y periodistas; que el régimen de Nicaragua ha confiscado recientemente las propiedades pertenecientes a estas 222 personalidades de la oposición y que se les ha privado de su nacionalidad;
J.Considerando que la continua represión ha llevado a miles de nicaragüenses a huir del país;
K.Considerando que la CIDH estima que, desde la represión del régimen contra las protestas de 2018, 355 personas han sido asesinadas, miles más heridas, y más de 3000 grupos cívicos y organizaciones no gubernamentales se han disuelto;
L.Considerando que los ataques contra la Iglesia católica han sido continuos en los últimos años, en particular desde que la Iglesia intentó actuar como mediadora entre el Gobierno y la oposición política tras las protestas de 2018; que, según el informe «Nicaragua: A Persecuted Church?» (Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?), en los últimos cinco años la Iglesia de Nicaragua ha sufrido más de 500 ataques, 90 de los cuales se han perpetrado en lo que llevamos de 2023;
M.Considerando que este año el destacado obispo católico Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel tras negarse a embarcar en el avión que trasladó a 222 disidentes y sacerdotes al exilio en los Estados Unidos; que, en abril, el Vaticano cerró su embajada en Nicaragua después de que el régimen del país propusiera suspender las relaciones diplomáticas;
N.Considerando que, en el marco de esta campaña de persecución, la Cruz Roja nicaragüense ha sido disuelta y acusada de «ataques a la paz y la estabilidad»; que, anteriormente, Ortega había ordenado unilateralmente el cierre de la oficina de la OEA en Managua, y enviado a policía armada con ametralladoras;
O.Considerando que, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo ha ejecutado a al menos 40 personas y ha ordenado a los hospitales que no traten a los manifestantes heridos en las protestas de 2018 contra el Gobierno; que las violaciones y abusos por parte del régimen se están perpetrando de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, constituyendo así crímenes contra la humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos;
P.Considerando que la conformidad de Nicaragua con Rusia y el apoyo que le brinda a nivel internacional, como en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha coincidido con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Managua y Pekín tras un paréntesis de veinte años;
Q.Considerando que Nicaragua y Cuba son los únicos países de Lationoamérica que todavía no han ratificado el Estatuto de Roma, lo que demuestra claramente su falta de compromiso con la paz y la seguridad;
R.Considerando que la dictadura nicaragüense ha contado con el apoyo constante de otras dictaduras como Cuba y Venezuela, y de otros miembros del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla; que el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla son dos organizaciones multilaterales con numerosos miembros vinculados a las actividades de Rusia en Latinoamérica;
1.Lamenta y condena enérgicamente el continuo deterioro de la situación en Nicaragua y la escalada de la represión contra personalidades de la oposición política, la Iglesia católica, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, entre otros actores;
2.Condena en los términos más enérgicos la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez; insta al régimen nicaragüense a que ponga fin inmediatamente a la represión y restablezca el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias;
3.Pide la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas de detención arbitraria, incluidos el obispo Álvarez y los detenidos junto con él, y que se anulen todos los procedimientos judiciales contra ellos y las sentencias impuestas;
4.Condena la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos que se han producido en Nicaragua; hace hincapié en que el sistema judicial carece de independencia respecto del poder ejecutivo; expresa su preocupación por la manipulación del Derecho penal y el uso del sistema judicial como instrumento para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos;
5.Lamenta la conformidad de Nicaragua con Rusia, que se pone de manifiesto en las votaciones del país a nivel de las Naciones Unidas, así como en la cooperación política y militar, como la transferencia de equipos militares rusos e infraestructura de seguimiento por satélite, el acuerdo para que las fuerzas rusas se formen en Nicaragua y el acceso a Nicaragua para las tropas rusas, las aeronaves militares y los buques militares; manifiesta su preocupación por la posible ampliación de la vigilancia rusa en la región;
6.Observa con pesar la disolución de las relaciones oficiales con Taiwán tras el paso de la inversión taiwanesa en Nicaragua a fondos de la iniciativa de la Franja y la Ruta y de la nueva Iniciativa de Desarrollo Global de China, que pueden ampliar el alcance de China en Centroamérica mediante el control de proyectos como el canal nicaragüense;
7.Insta a la comunidad internacional a que exija al régimen nicaragüense la responsabilidad de garantizar que las condiciones de detención cumplan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y guarden coherencia con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela);
8.Expresa su apoyo a los ciudadanos nicaragüenses que protestan contra el régimen de Ortega y Murillo; subraya que el pueblo nicaragüense merece disfrutar de las libertades y los derechos que se respetan en una democracia; pide que el régimen restablezca el estatuto jurídico legítimo de los partidos de la oposición que han sido objeto de una prohibición arbitraria;
9.Destaca el papel clave desempeñado por la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la Iglesia católica en Nicaragua;
10.Subraya que debe autorizarse a los organismos internacionales de derechos humanos a regresar a Nicaragua, en particular a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH;
11.Reitera su petición de que se incluya rápidamente a los jueces y fiscales nicaragüenses en la lista de personas sancionadas por la Unión y de que se amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano;
12.Pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, de conformidad con los artículos13 y 14 del Estatuto de Roma, abran una investigación formal, a través de la Corte Penal Internacional, contra Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad en virtud del artículo7 del Estatuto de Roma, de los que son responsables el Estado nicaragüense y el propio Daniel Ortega, a saber: asesinato, deportación o traslado forzoso de personas, encarcelamiento u otra privación de libertad física contraria a las normas fundamentales del Derecho internacional, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución política, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos; subraya que estos actos forman parte de una política estatal llevada a cabo por el régimen de Daniel Ortega, que se ha intensificado desde abril de 2018;
13.Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan de cerca la situación sobre el terreno a través de sus representantes en el país y sus embajadas en Nicaragua;
14.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima y al Gobierno y el Parlamento de la República de Nicaragua.